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Diez son los años que cumple hoy la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que entró en vigor el 24 de marzo de 2007. La Ley de Igualdad salió adelante con los votos a favor de todos los Grupos Parlamentarios y con la abstención de PP, que la recurrió ante el Tribunal Constitucional, por considerar inconstitucionales los artículos referentes a la paridad exigida en las listas electorales. El recurso fue desestimado en 2008.

En estos diez años la ley ha convivido con 4 legislaturas, 1.615 días de Gobierno del PSOE y 1.926 días de Gobierno del PP, con 188 días de Gobierno en funciones, y una crisis económico financiera que ha tenido como consecuencia el rescate de los Bancos y la pérdida de derechos y poder adquisitivo de la población en general, y de las mujeres trabajadoras en particular, y que ha paralizado los pocos avances que se habían podido conseguir.

Recordemos que el objeto de la Ley es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, en cualquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.

Los planes de igualdad, la transversalidad del género en todos los aspectos de la vida laboral, social, educativa, política, administrativa, la definición de la presencia o composición equilibrada en los órganos de dirección de las empresas, de la administración, del poder político, la elaboración de planes estratégicos de igualdad e informes de impacto de género, normas que fomentan la corresponsabilidad, etc., son medidas aprobadas por esta ley. Fueron 20 las normas que se modificaron con la entrada en vigor de la Ley, entre otras, el Estatuto de los Trabajadores.

Precisamente, es en el ámbito de los planes de igualdad donde existen más incumplimientos. El 74% de las empresas españolas no cumple la Ley de Igualdad y las que están obligadas por ley a tenerlo (plantilla de más de 250 personas) sólo el 10% lo tienen, y de ese 10% habría que conocer si realmente es un plan negociado con la representación legal de trabajadores y trabajadoras o con la plantilla, y si se han realizado todas sus fases correctamente (diagnóstico, seguimiento de medidas, informes finales). Además, las PYMES, que suponen el 99% del tejido empresarial en España, también deben luchar por acabar con las desigualdades, a pesar de la falta de ayudas actual que esperemos se remedie en un futuro.

La crisis ha servido de excusa para muchas cosas, entre ellas para paralizar la inversión para alcanzar la igualdad, lo que ha favorecido que el aumento de la desigualdad entre hombres y mujeres. La precariedad a la que se enfrentan las mujeres es un dato irrefutable: las mujeres seguimos sufriendo la brecha salarial, abandonando la vida profesional para atender a la vida personal, sufrimos más directamente la temporalidad, etc., con las consecuencias que esto tendrá en nuestras pensiones y en nuestra situación de pobreza y de riesgo de exclusión.

Esta ley ha sido un ejemplo en muchos países y nos colocaba en la cabeza contra la desigualdad de género. Pero, ahora, estamos en la cola de la desigualdad. Algo no se ha hecho nada bien. Sin voluntad política las leyes se quedan desamparadas, sin dotación presupuestaria para desarrollarlas podemos tener las mejores leyes del mundo, pero no tendremos combustible para hacerlas funcionar.

Desde la Unión Sindical Obrera, tercer sindicato a nivel estatal, nuestra labor continuará en la línea de luchar por la igualdad de derechos, apostando por la visión de género en la negociación colectiva, para conocer la realidad de las mujeres en cada una de las empresas. Acabar con la brecha de género es una obligación de toda la sociedad, es una obligación de los poderes políticos que deben dejar los debates ideológicos a un lado y apostar por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, partiendo de la educación y llegando a las jubilaciones para que más del 50% de la población deje de estar en un segundo plano, se deje de retroceder y tengamos las herramientas necesarias para acabar con las desigualdades.