Multitud de organizaciones sociales, culturales, políticas y sindicales, entre ellas la Unión Sindical Obrera, han suscrito un manifiesto de apoyo a la petición de asilo político del joven saharaui, Hassanna Aalia, activista de Derechos Humanos saharaui, nacido en El Aaiún en 1988. En 2010 participó junto con aproximadamente 80000 saharauis en Gdeim Izik, el campamento de protesta pacífica más importante en la historia del Sahara Occidental, desmantelado por el ejército marroquí con extrema violencia el 8 de noviembre de 2010. A consecuencia de esa participación, Hassanna fue juzgado y sentenciado en 2011 a cuatro meses de prisión sin ejecución.
En octubre de 2011 tuvo la oportunidad de viajar al País Vasco con una beca de estudios, y cuando le faltaban dos meses para regresarse a El Aaiún el gobierno marroquí emitió orden de busca y captura contra él por los mismos hechos por los que ya había sido juzgado. Decide no regresar a su tierra e inicia los trámites de solicitud del asilo político al gobierno español. El 17 febrero de 2013 el tribunal militar de Rabat emite sentencia contra 25 civiles saharauis, acusados de haber organizado Gdeim Izik, entre ellos Hassanna Aalia que permanece en el País Vasco y es juzgado en rebeldía y condenado a cadena perpetua.
Desde entonces recorre el territorio del estado español para dar a conocer la situación de desamparo de sus compañeros encarcelados y la injusticia a la que el régimen marroquí somete diariamente al pueblo saharaui, participando en conferencias, seminarios y cualquier acto público con ese objetivo.
De aplicarse la resolución del Ministerio del Interior, Hassanna Aalia será castigado duramente por las autoridades de ocupación marroquí y no volverá a salir de prisión en lo que le queda de vida, porque es una persona activa políticamente y nunca ha dejado de luchar pacíficamente por el derecho a la autodeterminación de su pueblo, lucha que le ha costado detenciones y torturas en numerosas ocasiones.
“Los colectivos sociales, culturales, políticos y de otra índole exigimos al gobierno español que conceda a Hassanna Aalia el asilo político que ha solicitado y que sin ningún género de dudas le corresponde por ser un activista por los derechos humanos del pueblo saharaui, juzgado por un tribunal militar marroquí que no tiene jurisdicción ni sobre civiles ni sobre los hechos acontecidos en el Sahara Occidental, territorio sobre el que el derecho internacional establece que es el Estado Español la potencia administradora”, explica el manifiesto.
“Asimismo exigimos que el Estado Español asuma sus responsabilidades históricas, políticas y jurídicas en el Sahara Occidental y promueva, especialmente este año que ocupa un puesto en el Consejo de Seguridad, que la ONU vele por el respeto de los derechos humanos de la población saharaui, y en concreto realice cuantas gestiones sean necesarias para la liberación de todos los presos políticos saharauis”, concluye el manifiesto.
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