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La Unión Sindical Obrera celebra la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, el Real Decreto-Ley sobre la modificación de las tasas judiciales, que se suprimen para las personas físicas. Por otro lado, desde USO reclamamos conocer el destino de los 512 millones de euros recaudados a través del cobro de las tasas judiciales, que el Ministerio de Justicia desconoce.

El Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social (BOE de 28 de febrero) modifica
la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, para adecuar el régimen de tasas judiciales a la concreta situación de los sujetos obligados al pago de la misma.

Tal y como indica el preámbulo de la norma es “la medida más directa y más esperada por gran parte del sector legal y por la ciudadanía ha sido la supresión del pago de tasas judiciales para todas las personas físicas, es decir para los ciudadanos. Quedarán exentas del pago de las mismas en todos los órdenes e instancias”.

Con esta medida se pretende poner fin a una situación que había generado un enorme rechazo social y, al tiempo, eliminar un elemento de retraimiento en el acceso a los Tribunales.

Para combatir esta norma, que ahora se modifica, en diciembre de 2012 se constituyó la Plataforma Justicia para Todos, con la finalidad de defender con todos los medios democráticos a su alcance, los bienes y servicios básicos, el Estado de bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía, así como poner de manifiesto el rechazo a todas las reformas que tengan una incidencia negativa en el derecho de defensa de todas las personas, recortando el acceso a la justicia restringiendo los derechos y libertades de los ciudadanos, y haciendo retroceder el Estado de Derecho.

El acceso a la justicia por parte de los ciudadanos debe ser gratuito como proclama la Constitución, y no son admisibles en un Estado Social y Democrático de Derecho, restricciones que limiten el derecho a la tutela judicial efectiva, y que disuadan al ciudadano de litigar en la defensa de sus derechos e intereses. Por ello desde la USO, junto con la Plataforma Justicia para todos veníamos exigiendo la derogación de la actual Ley de Tasas. Bienvenida esta medida pero nos queda un paso más, que es el reconocimiento de la justicia gratuita en el orden contencioso administrativo, como ya lo es en el orden social, que debe concretarse en la Ley de Justicia Gratuita.