Acción Sindical

USO, a través de la Federación del Empleados Públicos del sindicato (FEP-USO) expresa su rechazo a la nueva Ley de Montes aprobada por el Gobierno del PP por suponer un nuevo recorte en la capacidad de actuación de algunos cuerpos y escalas de Funcionarios Especializados de la Administración Civil del Estado.

La nueva Ley aprobada en el mes de Febrero en el Consejo de Ministros, no sólo supondrá un apoyo tácito a la especulación urbanística sobre los suelos afectados por incendios forestales, que podrán ser recalificados por las Comunidades Autónomas sin esperar el plazo actual de 30 años, sino también la defensa del carácter privado de muchos montes en el Estado Español, dificultando el control de los usos de forma eficiente por la Administración Pública.

Pero es más, esta nueva Ley supone un recorte en la capacidad y competencias de los Agentes Forestales y Medioambientales que trabajan en el ámbito de Parques Nacionales y otros Espacios Protegidos, para investigar delitos ambientales recogidos en el Código Penal. El nuevo texto de la Ley impide a los cerca de 6.400 Agentes Forestales españoles desarrollar su trabajo de vigilancia del Medio Ambiente, al perder su capacidad para investigar hechos que sean constitutivos de posibles delitos medioambientales, traspasando dicha responsabilidad únicamente a la Guardia Civil, en un claro proceso de militarización de la gestión y evitando que se puedan remitir atestados por delitos a la Fiscalía de Medio Ambiente por parte de personal civil, pese a estar capacitado técnicamente para ello.

Esta medida supone relegar al Personal Civil a meras labores Administrativas e impedir la investigación en los casos más graves de incumplimiento de la Normativa Medioambiental. Lo que en el fondo supone un beneficio para delincuentes y para aquellos que lo que pretenden es beneficiarse de la recalificación de terrenos quemados, que básicamente son lo mismo, delincuentes…

La FEP-USO rechaza el argumento dado por el Gobierno de Mariano Rajoy para aprobar estos cambios, amparado en una supuesta necesidad de coordinar la acción de distintos Cuerpos de Empleados Públicos que realizan actuaciones similares. Entendemos que esta Ley convierte a los Agentes Forestales y Medioambientales en simples Auxiliares de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y elimina su condición de Agentes de la Autoridad y Auxiliares de la Fiscalía en el ámbito de Medio Ambiente.

Pese a que el propio Ministerio Fiscal reconoce la calidad de los atestados realizados por los Agentes Forestales, y en los resúmenes anuales de actuaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente suponen un alto porcentaje de las denuncias en Vía Penal tramitadas, el Gobierno del Partido Popular ha decidido maniatar a estos Agentes precisamente en los casos más graves de incumplimiento de la Normativa Vigente en Materia Medioambiental.

La FEP-USO se une a la protesta expresada por otros Sindicatos y Colegios Oficiales, así como por ONG Ecologistas y Partidos Políticos, apoyando la Campaña iniciada por el colectivo afectado para detener la aprobación del nuevo Texto Legal, que ha sido remitido al Congreso por el Gobierno para su aprobación definitiva en el Parlamento.

La FEP-USO expresa también su apoyo a la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales en su lucha por defender el carácter Civil de la Protección del Medio Ambiente y de una Legislación que permita la acción efectiva Penal contra los casos más graves de Atentados Ecológicos.