Durante el 4 y 5 de marzo se ha reunido el Grupo de trabajo sobre políticas económicas del Consejo Consultivo sindical ante la OCDE (TUAC) con la participación de una veintena de sindicalistas, entre ellos Santiago González de USO.
Entre los asuntos que se abordaron se encuentra la coyuntura económica, cuyo ponente fue Roland Schneider, constatando que todavía no se han superado las cifras económicas o de empleo anteriores a la crisis y persiste un crecimiento salarial menor al crecimiento de la productividad, por lo que la desigualdad aumenta y se fosiliza la situación de los parados de larga duración.
De igual forma se trató la revisión de las prioridades y la respuesta sindical durante la presidencia turca en las reuniones de los ministros de empleo y finanzas del grupo de países denominado L-20 (el equivalente a los grandes países G20) y del G7, apreciándose que no hay un verdadero diálogo con los interlocutores sociales, sino un mero trámite de audiencia. La agenda de los gobiernos está marcada por su énfasis en buscar fórmulas de crecimiento, más tratados de libre comercio, aumento de la inversión, haciendo énfasis en la fórmula de asociaciones público-privadas; y una mejora de control de las cadenas de valor y la fiscalidad.
Por parte sindical, USO reclamó que se priorice la universalización de las convenciones de la OIT, que se fijen obstáculos para operar con paraísos fiscales y la atención en esas asociaciones público privadas que suelen ser más caras para el contribuyente y que sólo están al alcance de las grandes empresas con ligazón financiera y en donde las pymes no pueden operar. Otras reivindicaciones presentes en este punto fijadas por otros participantes fueron el incremento de la tasa de actividad de la mujer, la mejora de la progresividad de la fiscalidad y el cómo dar voz a los países en desarrollo en esas reuniones. También se debatió sobre el estado de evolución del programa NAEC de la OCDE que trata de revisar la política tradicional de la OCDE que despreciaba la desigualdad y que consideraba la fiscalidad sólo como un obstáculo del crecimiento sin ponderar su contribución a la cohesión social o al mantenimiento de la demandad agregada.
De igual forma se discutió el borrador del texto sindical a entregar a los ministros de la OCDE en su reunión del próximo junio. El Ministro Holandés, que presidirá dicha reunión, informó a los participantes que el programa de los ministros está enfocado en cómo mejorar y aumentar la inversión, pública y privada. Por su parte, los sindicatos criticaron que no estaba contemplado en ella aspectos relevantes de la misma, como la necesaria competencia leal cuando hubiera universalización de normas laborales o la regulación fiscal de las cadenas de valor, incluyendo a las empresas digitales, el uso fraudulento de las patentes o royaltys para eludir impuestos o la escasa mención al diálogo social y a la negociación colectiva. Estos puntos fueron considerados por el embajador que se defendió señalando que sí estaban dentro de las preocupaciones ministeriales y que se haría mención a ellas en el desarrollo de la reunión ministerial.
Pierre Habbart, del TUAC, explicó la situación del programa BEPS de la OCDE concerniente a la mejora de mecanismos de transparencia fiscal entre los países de la OCDE para evitar el fraude y la elusión fiscal de las multinacionales que hacen uso de una planificación fiscal agresiva gracias a la complicidad de determinados gobiernos. Está muy reciente el caso de Suiza y de Luxemburgo para comprender la relevancia de este tema. Señaló que este trabajo requiere un nivel de especialización y recursos sindicales mayores a los que actualmente se tienen.
Por último se trató la posible entrada de Colombia en la OCDE. Esta reunión contaba con la presencia de los sindicatos de Colombia para que manifestasen su opinión. Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, aportó un informe escrito sobre la situación de Colombia y consideró positiva la entrada de Colombia en la OCDE porque eso serviría de estímulo al cumplimiento de la normativa laboral y a la mejora de ésta, más en un escenario pacífico como el que se presume tras las conversaciones entre el Gobierno y los grupos armados. Por su parte, Diógenes Orjuela, director del departamento de Relaciones Internacionales de la CUT, por el contrario, consideró que sería negativa la entrada de Colombia en la OCDE porque sería un premio para el gobierno sin que se lograsen las demandas de reforma laboral en el sentido planteado por los sindicatos. Luís Miguel Morantes de la CTC, representante del tercer sindicato colombiano, consideró que lo importante serían las condicionalidades que se pudieran sacar al gobierno colombiano en el proceso.
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