Una vez más en el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo tenemos que lamentar y denunciar que 565 personas, 7 más que en 2013, han perdido la vida durante su jornada laboral o en su trayecto diario para ir y volver del trabajo durante el año 2014. Desde USO, hemos denunciado a lo largo de 2014 el alarmante incremento de los accidentes laborales, en el año pasado se produjeron 482.578 accidentes con baja, 14.548 más que en el año anterior.
Es extremadamente preocupante que el aumento de la siniestralidad no se ciña sólo a los datos absolutos. USO ha denunciado que desde 2013, se produce un alarmante cambio en la tendencia descendente que, desde 2006, mantenía el índice de incidencia produciéndose un incremento en los dos últimos años. Lo que implica que la subida no está relacionada con un aumento de la población activa, sino que existen otras causas más profundas que urge investigar y atajar.
Desde USO entendemos que, junto a la falta de determinación de las autoridades competentes ante este grave problema, este incremento hay que relacionarlo directamente con el aumento de la precariedad laboral. La Reforma Laboral, que facilita y abarata el despido individual y colectivo, que posibilita modificaciones unilaterales de las condiciones de trabajo y que precariza la contratación, ha tenido como consecuencia el aumento de la contratación temporal y a tiempo parcial. La rotación en los nuevos empleos precarios que se crean conlleva una gran inestabilidad y mayor exposición a ciertos riesgos. Por ello, no es casual que el cambio de tendencia, incrementándose la siniestralidad, se produzca desde 2013, un año después de la entrada en vigor de la reforma.
En estos modelos de organización del trabajo, insostenibles para los trabajadores y trabajadoras, adquieren especial relevancia los riesgos psicosociales y los trastornos musculo esqueléticos. Riesgos que generan dolencias que en raras ocasiones se reconocen como contingencias profesionales. Según la OMS, la depresión es la gran amenaza del siglo XXI, se calcula que entre el 8% y el 15% de la población sufrirán depresión a lo largo de su vida. En la actualidad es una de las tres primeras causas de discapacidad en mundo, pero en 2030, según estimaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS), se convertirá en la primera causa. En este aumento tiene mucho que ver las difíciles condiciones del mercado laboral actual, basado en la temporalidad e incertidumbre y en el drama del desempleo.
A lo largo de estos años de crisis se ha debilitado el ya de por si frágil sistema preventivo. La mayor parte de las empresas han recortado la inversión en prevención. De las que contaban con servicios propios de prevención, han reducido personal y recursos. En cuanto a los servicios de prevención ajenos, también han tenido sus propios ajustes y recortes, que repercuten en la calidad del servicio prestado.
Lejos de legislar para fortalecer los derechos de los trabajadores y trabajadoras en materia de prevención de riesgos, el pasado año se aprobaron medidas como la incluida dentro de la Ley de Emprendedores, en la que se faculta al empresario, en empresas de hasta 25 trabajadores, a asumir la gestión de la prevención de riesgos personalmente.
En 2014 también se aprobaron el Real Decreto de Incapacidad Temporal y la Ley de Mutuas. Desde USO hemos expresado nuestro rechazo a ambas normas que entregan a la Mutuas, asociaciones de empresarios, funciones que sólo debe tener el Sistema Nacional de Salud. Les permite el control de las contingencias comunes, abriendo la vía de la privatización de la sanidad, amenazando la equidad y universalidad del sistema.
La nueva Ley de Mutuas ha sido una oportunidad perdida para afrontar el ocultamiento sistemático de las enfermedades profesionales. Esta reforma se ha centrado exclusivamente en el control del gasto de la Incapacidad temporal, poniendo los criterios económicos por encima de nuestra salud y criminalizando la IT al vincularla con el absentismo.
USO alerta de la urgencia en tomar las medidas necesarias contra el aumento de los accidentes de trabajo y para evitar que las enfermedades profesionales sigan quedando ocultas o sean tratadas como contingencias comunes. Si, como anuncia el gobierno, estamos en una etapa de creación de empleo y no se refuerza la prevención de riesgos laborales, nos arriesgamos a alcanzar cifras de accidentes y enfermedades laborales aún más alarmantes.
Desde USO seguiremos reivindicando la figura y la labor de los delegados y delegadas de prevención en los centros de trabajo. Continuamos exigiendo la retirada de la Ley de Mutuas, así como la aplicación de una legislación más efectiva en el reconocimiento del origen profesional de las enfermedades. Entendemos que es fundamental una mayor inversión en prevención de riesgos laborales, especialmente a nivel de las administraciones públicas que deben implementar programas para el cumplimiento de la legislación vigente. Por ello, hay que reforzar los recursos para la Inspección de Trabajo, que debe vigilar que la aplicación de la normativa vaya más allá de la mera burocracia o papeleo y cuya labor es fundamental.
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