Hoy, 1 de junio, ha arrancado en Ginebra (Suiza) la 104ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT (CIT), a la que asisten representantes de los Gobiernos, los empleadores y los trabajadores de los 185 Estados nacionales miembros. USO está representada en la CIT por el secretario de Acción Internacional, Javier de Vicente, quien integra parte de la delegación de la Confederación Sindical Internacional.
Además del informe del Presidente del Consejo de Administración, y la Memoria presentada por el director general de la OIT, el sindicalista británico Guy Ryder, durante los trece días de conferencia de este año serán objeto de debate y conclusión:
– Pequeñas y medianas empresas y creación de empleo decente y productivo,
– La posible adopción –tras el fracaso del pasado año- de una Recomendación normativa sobre la transición de la economía informal a la economía formal.
– Una discusión recurrente sobre el objetivo estratégico de protección social (protección de los trabajadores) con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT sobre Justicia Social para una globalización equitativa.
– La información y memorias sobre la aplicación de convenios y recomendaciones, en la que se discuten los casos por país que suponen las violaciones más graves de la normativa internacional de la OIT-
Este último capítulo será examinado por la Comisión de Aplicación de Convenios y Recomendaciones (Normas) mediante una lista de hasta 24 casos y países que se negocia entre las delegaciones de los empleadores y los trabajadores (lista corta). Previamente a esta lista corta se ha negociado una relación más amplia de 40 países (lista larga), en la que figura el caso de España, a la que se le hace seguimiento desde 2013 para verificar si se cumplen las previsiones legales del Convenio de la OIT nº 122, sobre política de empleo. Las medidas derivadas de la reforma laboral de 2012 están en el punto de mira; sobre todo el respeto a la participación de los interlocutores sociales en la política de empleo, la estrategia de empleo juvenil y la coordinación de las políticas de educación y formación.
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