Internacional

Las plataformas ciudadanas que apoyan la implantación universal de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras (la Campaña “ITF YA, Paraísos Fiscales, No” y la Plataforma española Robin Hood), entre cuyas organizaciones miembros están USO, CC.OO., UGT y la Alianza contra la Pobreza, consideran que la postergación del debate sobre los aspectos normativos del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF) es contraria a lo que demanda la ciudadanía europea. La discusión dentro del ECOFIN por parte de los ministros de la cooperación reforzada es necesaria para que, sobre todo desde el sector financiero, se pague parte de la crisis que ha provocado por acciones especulativas.

Por ello, reclaman mayor diligencia, de la misma forma que se presiona a la ciudadanía para pagar una deuda pública que proviene de socorrer al sector financiero y por causa de las acciones especulativas, ya sea en Grecia o en España, y exigen que se adopten las medidas necesarias para no demorar más la implementación del ITF.

Estaba previsto que en la última reunión del ECOFIN se discutiesen, entre otras cosas, los aspectos técnicos elaborados sobre el ITF en los diferentes países que forman parte de la cooperación reforzada. Algunos de éstos son las formas de aplicación de los criterios de principio de origen o de residencia y fórmulas de compensación; base imponible y tipos de las transacciones financieras, acciones, obligaciones, divisas, etc.; control operativo de las transacciones, e incluso esbozar si su potencial recaudación tendría algún carácter finalista como se reclama desde muchas asociaciones de la sociedad civil.

La implantación de este impuesto viene auspiciada por los estudios de la Comisión Europea y la aprobación en el Parlamento Europeo del Informe Podimata. Existen encuestas que reflejan el apoyo de la ciudadanía a dicho impuesto, en tanto que su aplicación, se estima, sería un elemento disuasorio de la especulación financiera; y el logro de unos recursos provenientes del sector financiero causante de la crisis, que coadyuvarían a un mejor reparto de la carga fiscal y a la financiación de las políticas públicas.

Según determinados estudios, se calcula que en España la recaudación de ese impuesto serían 5.000 millones de euros anuales con unas bases imponibles amplias y unos tipos muy pequeños. Sería urgente su implantación para ayudar a una mejora de la recaudación y a un mejor reparto de la carga impositiva. De hecho, ya algunos países, no España, como Italia (Ley 228/2012, Art. 1, apartados 491-500) y Francia (Ley 2012-354, Art. 5, de 14 de marzo de 2012), han asumido su compromiso y han implantado impuestos especiales a las transacciones financieras antes de la redacción de un ITF final común, al que se acogerán. En Italia comenzó a aplicarse el 1 de marzo de 2013, y en Francia, que lo implantó en 2012, se ha dado un paso más y se está debatiendo la aplicación de los fondos recaudados.