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El Secretario General Confederal de la USO, Julio Salazar, ha lamentado la aprobación del el Parlamento de la reforma del Sistema de Pensiones y lo ha calificado de ataque a los “derechos basado en razones espurias que no se compadecen con la realidad”. Así, Julio Salazar ha recordado que el “pensionazo” va en contra de la “letra y del espíritu del artículo 50 de la Constitución” y se alerta del riesgo cierto del recorte del poder adquisitivo de los pensionistas actuales y futuros por la aplicación del factor de sostenibilidad.

Julio Salazar considera que la reforma anunciada hasta este momento “parte de una premisa falaz: que el sistema no es sostenible” y ha asegurado que el sistema español de reparto es “perfectamente sostenible en el momento en el que seamos capaces de generar empleo abundante y de calidad y por tanto aumente la cuantía de las cotizaciones a la Seguridad Social”.

La USO recuerda que el Comité de Expertos que elaboró el informe sobre el factor de sostenibilidad el pasado junio por encargo del gobierno, centró todo su análisis en el riesgo de desequilibrio demográfico, por la prolongación de la esperanza de vida, tendencia en sí misma positiva, pero según los últimos datos del INE la esperanza de vida al nacimiento se redujo ligeramente respecto al año anterior, cifrándose en 82,2 años.

Ligar el futuro de las pensiones sólo a este hecho, que puede verse afectado por factores de todo tipo, es decir introducir reformas para aminorar el gasto sin preocuparse de la generación de ingresos y por tanto del empleo, es un despropósito. Más aún cuando uno de los factores que afectan al sistema como es la edad legal de jubilación ya se ha modificado y este cambio –que incrementa en dos años la edad legal de jubilación hasta los 67 años– no se toma en consideración en la definición del futuro factor de sostenibilidad. También se olvidan que el porcentaje del PIB que dedicamos a pensiones es inferior a la mayoría de los países de nuestro entorno.

Por último hay que recordar que la anterior reforma de las pensiones, a la que también se opuso frontalmente la USO, fue llevada a cabo por el Gobierno socialista y pactada con los agentes sociales CEOE, CEPYME, UGT y CCOO.