Internacional

La Confederación Europea de Sindicatos, CES ha acogido con satisfacción el resultado de la votación del 15 de enero en el Parlamento Europeo en Estrasburgo sobre la Directiva de contratación pública que ha posibilitado la inclusión de una cláusula social obligatoria que garantice el respeto a la legislación laboral y los convenios colectivos en el lugar de trabajo. Constituye una notable mejora de las normas europeas en materia de contratación pública. En este sentido, Veronica Nilsson, secretaria confederal de la CES ha manifestado que “la directiva revisada sobre contratación pública permitirá a las autoridades públicas tomar decisiones sostenibles y asegurarse de que los derechos de los trabajadores sean respetados. La aplicación de las normas de contratación pública afecta a las condiciones de trabajo de miles de trabajadores de todas partes de Europa y por lo tanto son de importancia clave para la CES y sus afiliados”. En definitiva la contratación pública no debe contribuir a una carrera a la baja en términos de salarios y condiciones de trabajo.

En opinión de Javier de Vicente, Secretario de Acción Internacional de USO, “este resultado constituye un éxito del trabajo permanente que ha realizado la CES y varias de las Federaciones Profesionales Europeas, -como la UNI Global Union y la EPSU-, en contra del dumping social en la contratación pública. Es algo de lo que tenemos que felicitarnos aunque hubiéramos deseado algo mejor”. “De ahora en adelante, una vez traspuesta a la legislación española, USO va a estar muy atenta para que los contratos de nuestras Administraciones Públicas respeten plenamente los criterios establecidos por la Directiva”, ha añadido De Vicente.

La calidad de los bienes y servicios adquiridos es otro aspecto importante . La CES pide a los Estados miembros hacer uso de la posibilidad de impedir a las autoridades contratantes que puedan utilizar el precio como el único criterio de adjudicación para la concesión de un contrato.

El CES lamenta que siga siendo opcional para los Estados miembros la introducción de un mecanismo de responsabilidad conjunta y solidaria de los subcontratistas, pero da la bienvenida a la obligación de que el contratista principal proporcione información sobre los subcontratistas.

La CES, en estrecha cooperación con los sindicatos afiliados, va a monitorizar la aplicación de la Directiva y su trasposición a las legislaciones de los Estados miembros y su puesta en práctica.