El pasado 17 de enero de 2014, el Gobierno, a través del Consejo de Ministros, aprobó el proyecto de ley de racionalización del sector público estatal. Dicho proyecto deja constancia del ánimo del Gobierno de dinamitar los órganos asociativos, representativos y de referencia para mujeres y jóvenes en el Estado Español.
Desde USO no entendemos cómo un Gobierno que dice que apuesta por las políticas de igualdad, las mujeres y los jóvenes, suprime sus órganos de representación y de referencia como son la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades y el Consejo de la Juventud de España.
A través de dicho proyecto de ley, el Gobierno suprime la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades, que la integra dentro del Instituto de la Mujer. El Instituto de la Mujer, desde la llegada al poder del PP en noviembre de 2011 ha visto como sus ayudas económicas han ido mermando, estando en la actualidad en una situación casi precaria de recursos, tanto económicos como humanos. La inclusión de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades dentro del Instituto de la Mujer, viene a reflejar el escaso compromiso del Gobierno con las mujeres de nuestro país.
Asimismo, el proyecto de ley juega con los eufemismos a los que tan acostumbrados nos tiene en los últimos meses. De esta forma, el Instituto de la Juventud se mantiene, mientras que por el contrario, el Consejo de la Juventud de España, órgano de referencia para miles de jóvenes de todo el Estado, con actividades dirigidas por y para jóvenes con el fin de formar mejor a la juventud, su supervivencia queda pendiente de un hilo al depender la misma de la aportación privada. El Gobierno, una vez más, apuesta por la privatización de servicios de carácter público. No olvidemos que mientras que el Instituto de la Juventud, su presidente, es una persona nombrada desde el Gobierno, el CJE elige a sus representantes a través de asambleas donde participan las entidades miembro. El Gobierno, suprime la participación juvenil.
Algunas CCAA como fue la Comunidad de Madrid en 2011 ya suprimieron el Consejo de la Juventud Autonómico, dejando a la juventud organizada sin voz en las administraciones.
Corren malos tiempos para todo lo público y el tejido asociativo en nuestro país, con este proyecto de ley de racionalización del sector público estatal, el Gobierno deja patente, una vez más, que no apuesta por los jóvenes y la su falta de compromiso con las políticas de igualdad.
Desde su llegada al poder, el Gobierno está permitiendo la salida de miles de jóvenes formados a otros países, aportando sus conocimientos allí, recorta las becas, endurece el acceso a la Universidad… y ahora sorprende con este anuncio de que la continuidad del CJE depende de la mano privada. Mal vamos por este camino en el que se da de lado a los que más lo necesitan.
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