Internacional

El pasado viernes 21 de febrero del 2013, Pablo Fajardo, abogado del Frente de Defensa de la Amazonía personado en el caso contra Chevron (Texaco), junto a Donald Moncayo Presidente de la Asociación ecuatoriana de afectados de Lago Agrio, y Luis Nieto Coordinador del Comité Español de de Defensa de la Amazonía Ecuatoriana (CEDAC), fueron recibidos por el Secretario de Acción Internacional de USO, Javier de Vicente, así como también por Santiago González, del Área Internacional del sindicato.

Donald Moncayo, en su condición de víctima de la contaminación en esa zona, ha descrito durante la reunión los graves problemas ambientales de contaminación de las aguas freáticas, los ríos y la tierra en su región. Ello ha sido producto de los 356 pozos de petróleo abiertos entre 1967 y 1990 por la empresa Texaco –hoy Chevron-, y la forma de extraer el crudo. La empresa llegó a construir cerca de mil piscinas al aire libre para albergar residuos de lodos tóxicos. Estos residuos han sido esparcidos por los 1.700 km de vías abiertas en la exploración y explotación del petróleo.

Además del gravísimo daño ambiental, se han detectado entre los trabajadores y la población local casos multiplicados de cáncer y otras enfermedades. En total hay unos 30.000 afectados.

En un primer momento, los afectados pleitearon en los tribunales de Nueva York y después tuvieron que hacerlo en los tribunales de Ecuador, donde ya se ha dictado sentencia condenatoria a la multinacional que debería pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares. En la sentencia se valora que los daños ambientales superan los desastres de Exxon Valdez y los de la British Petroleum en México.

Chevron rechaza por su parte la ejecución de la sentencia y está litigando contra los embargos en los países donde se presenta esta acción -en Ecuador ya se desprendió de sus activos antes del fallo judicial-. La petrolera ha llevado también el proceso a la Corte Internacional de La Haya, en pugna sobre inversiones, un pleito contra el Estado de Ecuador para que éste sea el que finalmente pague por los daños ambientales y la salud a las personas.

Ecuador cuenta con un presupuesto anual de 32.000 millones de euros, por lo que si Chevron obtuviera en La Haya una sentencia favorable a sus tesis, el Estado de Ecuador entraría en una dinámica de quiebra y supondría que las víctimas tuvieran que hacerse cargo de sus propias indemnizaciones, un sinsentido que está siendo construido, según los defensores de los pueblos indígenas de la Amazonia ecuatoriana, por un equipo de miles de abogados contratados por la propia Chevron.

USO ha valorado la información como relevante de cómo algunas multinacionales quieren crearse espacios de impunidad de sus acciones industriales, queriendo traspasar a los Estados las externalidades que generan y la dificultad popular para hacer frente a la capacidad litigiosa de las grandes corporaciones, muchas veces blindadas a través de su capacidad de lobby en la elaboración, incluso, de tratados internacionales.

Además, ha mostrado su interés en conocer el desarrollo último del pleito y la capacidad de cumplimiento de la sentencia y cómo afecta la política de esta multinacional entre sus inversores. Por último ha ofrecido su disponibilidad para extender informativamente esta problemática en los foros sindicales.