Internacional

La USO une su voz a la de la CES al lamentar que no se haya pactado un acuerdo que ponga fin de una vez por todas a las condiciones vergonzosas de casi-esclavitud, en negación prácticamente absoluta de sus derechos fundamentales, en las que se encuentran forzados a trabajar ciudadanos europeos y extra-europeos empujados fuera de sus países de origen por la pobreza. Los únicos que se benefician de esta situación inaceptable son los empresarios sin escrúpulos que se aprovechan de la laxitud de las reglas que rigen el desplazamiento de los trabajadores para enriquecerse a expensas de los más vulnerables del mercado laboral. Al igual que la CES, la USO se opone al acuerdo provisional y exige que la UE asegure el respeto de los derechos y la igualdad de tratamiento de todos los trabajadores empleados en un mismo país, sin olvidarse de los trabajadores extra-europeos empleados en el territorio de la UE o por empresas europeas.

Las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la directiva de aplicación de la directiva sobre desplazamiento de trabajadores han producido una desilusión. El Parlamento Europeo ahora tiene que concretar un proyecto de legislación que, si queda finalmente adoptado, prácticamente no supondrá progreso alguno en la protección de los trabajadores desplazados y está muy lejos de poner fin al dumping social persistente. Es positivo que se reconozca que los gobiernos deben combatir el falso trabajo autónomo, pero no es suficiente ni mucho menos para solucionar el problema.

Bernadette Ségol, la Secretaria General de la CES, dijo que “las medidas que deben tomar los Estados miembros para combatir la explotación y los salarios demasiado bajos de los trabajadores desplazados no pueden estar sometidas a las reglas del mercado liberalizado. El texto actual no lo garantiza. Las reglas aplicables a los trabajadores desplazados no cubiertos por la directiva tampoco quedan claras”.

Por su parte Veronica Nilsson, Secretaria Confederal de la CES, añadió que “esta es una oportunidad perdida de asegurar la protección de los trabajadores desplazados. La única solución es una revisión de la Directiva sobre el Desplazamiento de los Trabajadores junto con la introducción de un Protocolo de Progreso Social para asegurar que los derechos sociales fundamentales no estén supeditados a las libertades económicas”.