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La Unión Sindical Obrera (USO) expresa su acuerdo ante la decisión adoptada el día 27 de julio por el pleno de la Comisión Europea por la cual descarta finalmente la aplicación de sanciones a nuestro país, y también a Portugal, como resultado del expediente incoado por déficit excesivo en las cuentas públicas del pasado ejercicio. Por fortuna, la imprudente reforma fiscal lanzada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el último tramo de la pasada legislatura al pairo de la convocatoria de elecciones no ha terminado costándole a la ciudadanía española una relevante multa de las instituciones europeas.

No obstante, USO muestra su preocupación ante el estrecho margen presupuestario que tendrá el Gobierno entrante para hacer políticas sociales dados los límites de déficit establecidos para 2017 y 2018, proponiendo al Ejecutivo una creación de empleo con fijeza y derechos, un incremento salarial y significativamente del SMI, y una reforma fiscal de calado y justa para que todos paguen según lo que realmente perciben, aportando con ello los ingresos necesarios al sistema.

Igualmente, la USO se opone directamente a la nueva amenaza que ha dejado encima de la mesa el Colegio de Comisarios, dirigido por Jean Claude Juncker, según la cual España podría ver reducido en un futuro cercano la parte del presupuesto comunitario comprometida con nuestro país procedente de los fondos estructurales y de inversión que nos corresponden.

En cualquiera de los casos en los que se realizara un eventual recorte – sobre el FEDER, FSE, FEADER o FEMP- ello afectaría a las posibilidades de creación de empleo y generación de riqueza que tanto necesita España.

Dada la competencia del Parlamento Europeo sobre la aplicación de estos fondos, en codecisión con el Consejo, debe valorarse muy positivamente la posición ya anunciada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) urgiendo a la cámara parlamentaria para rechazar una iniciativa de este calado.

Del mismo modo y por estas mismas razones, nuestro sindicato expresa su solidaridad con los sindicatos y la ciudadanía de Portugal para que tampoco ellos se vean afectados por el recorte de fondos estructurales y de inversión.

Más información: Posición de la CES