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La sentencia ganada por el sindicato en Asturias anula el currículo de la Consejería de Educación por ser “no conforme a derecho”

El trabajo de la Sección Sindical del Profesorado de Religión, en coordinación con el Servicio Jurídico de USO-Asturias, ha hecho posible que por primera vez se gane una sentencia favorable por la que se restituye la jornada laboral a una profesora de Religión con contrato indefinido en Asturias.

Esta sentencia constituye un precedente para el profesorado y es efecto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que anula el decreto 82/2014 que establece el currículo de Educación Primaria en el Principado de Asturias en lo que se refiere al horario de Religión Católica (que se reducía 6 horas), por no ser conforme a derecho.

De esta manera, la Consejería de Educación y Cultura de Asturias ha comunicado a nuestra compañera, Ligia Alcina Nunes, profesora de Religión de Educación Primaria, acordar la revocación de la modificación sustancial de sus condiciones de trabajo. Con efecto de 1 de septiembre de 2016, se ejecutará así la sentencia firme de la Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 31 de marzo de 2016, que confirma la del Juzgado de lo Social nº 1 de Mieres, de 18 de noviembre 2015, que estima la demanda de la interesada, representada por el servicio jurídico de nuestro sindicato, instando la revocación de la medida de reducción de la jornada impuesta.

Tras la sentencia favorable, la negociación para la restitución de derechos laborales

Tras esta decisión judicial, FEUSO-Asturias insta a la Consejería de Educación y Cultura a abrir un proceso negociador eficaz para restituir las condiciones laborales no solo de esta profesora, sino del grueso del profesorado de Religión que se ha visto afectado por la aplicación de un decreto no ajustado a derecho y por el que han visto reducido su salario un 48%. Este colectivo no merece trato discriminatorio por parte del Gobierno del Principado de Asturias.

Asimismo, desde nuestro sindicato reclamamos la apertura de un proceso negociador orientado a formalizar un “Acuerdo-Convenio Laboral” que garantice las condiciones laborales de este colectivo con el fin de que no se vea una vez más en la necesidad de acudir a los tribunales de justicia para defender los derechos de los trabajadores.