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Del 6 al 17 de noviembre se celebra en Bonn una nueva conferencia sobre el clima que en este caso es la número 23, de este larguísimo proceso para reducir las emisiones de gases responsables del cambio climático. Mientras en España sufrimos una de las sequías más duras de los últimos años, 200 países se reúnen en Bonn para decidir cómo se llevan a la práctica los acuerdos firmados en 2015 en París, con el reto de hacerlo sin EEUU que se desvinculó del compromiso de los acuerdos de París tras la llegada al poder de Donald Trump.

En la COP23 en Bonn, presidida por Fiyi, un estado insular del Pacífico que ve amenazada su existencia por el aumento del nivel del mar y la salinización de las costas, se van a tratar temas fundamentales como la financiación y la participación del sector privado en las herramientas de desarrollo limpio, con el gran inconveniente de que al no contar con los Estados Unidos el resto de países signatarios van a tener que aumentar su esfuerzo.

En lo que respecta a España, su posición de partida en esta cumbre es más que discreta y para cubrir el expediente, aunque tiene lugar tras el periodo de consultas del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Hay que tener en cuenta que, el cambio climático afecta más a las personas en situación de pobreza, a los emigrantes y a la población infantil y amenaza el rico patrimonio natural de nuestro país. Es por tanto un problema social, ambiental y económico, desde USO esperamos que tanto a través de la Ley como de una política medioambiental comprometida y trasversal se dinamice y sensibilice a la sociedad española en la lucha contra el cambio climático.

El año 2016 fue el más cálido en el conjunto de la Tierra desde que se iniciaron los registros instrumentales modernos -a mediados del siglo XIX-, con un aumento aproximado de 1,1 grados con respecto a los valores industriales y 0,06 grados más que el récord precedente del 2015, según datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Estos récords se alcanzaron en ambos casos gracias a la influencia del fenómeno de El Niño en el Pacífico, pero sin su presencia también se habrían logrado registros extraordinarios. De hecho, 15 de los 16 años más cálidos desde 1850 se han alcanzado en el presente siglo y 2017 sigue en la misma línea.

El cambio climático es una amenaza para los derechos humanos. Los derechos a la salud, al medio ambiente, al agua y a la alimentación están comprometidos. El cambio climático nos exige reformas que no deben dejar a nadie atrás, y deben ser coherentes con nuestro compromiso con las generaciones futuras.

Para tener en cuenta el reto que se plantea en la COP23 de Bonn, es fundamental recordar los principales puntos que se acordaron en París, que se comenzaron a concretar en Marrakech y que deben dinamizarse en estos días.

El acuerdo de París definía como objetivo global mantener el incremento de la temperatura global muy por debajo de los 2°C y establecía proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5ºC.

El tema de pérdidas y daños, -es decir, los efectos del cambio climático a los cuales un país ya no se puede adaptar, como las tormentas extremas o la subida del nivel del mar– finalmente fue reconocido en el acuerdo y quedó separado del artículo sobre adaptación, como lo pedían los países más vulnerables. El acuerdo mencionaba la necesidad de un apoyo en cuanto a las pérdidas y daños, pero no establecía metas concretas sobre este punto. Lo que si que recogía la responsabilidad de los países desarrollados para proveer apoyo financiero a los países en desarrollo, tanto para mitigación como para adaptación.

Desde la CSI se ha planteado desde 2015 que la ruta no termina en París, sino que pasaba por París, y nuestra determinación para alcanzar esa transición justa debe ser cada vez más fuerte. Tras la COP23 y de cara a la siguiente de Polonia, las organizaciones sindicales exigiremos a los Gobiernos y empleadores un diálogo encaminado a concretar un plan nacional para la reducción del carbono, por la energía limpia y el empleo, que incluya el compromiso de garantizar una transición justa para todos.