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Hoy, 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y la ONU ha elegido para este año el lema “Transformación hacia una sociedad sostenible y resiliente para todos”. 25 años después de que en 1992 se proclamara por primera vez este día por la Asamblea General de las Naciones Unidas es posible destacar que durante los últimos lustros se ha ido despertando gradualmente una mayor conciencia global sobre la necesidad de que exista una plena integración de este colectivo en la sociedad.

Para contribuir a la creación de una sociedad incluyente se requiere, en primer lugar, ser conscientes que en esencia, la discapacidad es una condición ligada a una deficiencia física o mental que en muchos casos dificulta el desarrollo de las tareas cotidianas, el acceso a la educación y las relaciones sociales, limitando también las oportunidades económicas, los recursos para defender los derechos inherentes a la persona y afectando a la calidad de vida.

En relación a lo indicado cabe hacer una reflexión a través de algunos datos puestos de manifiesto por la Organización Nacional de las Naciones Unidas (ONU), los cuales concluyen de forma clara que las personas con discapacidad son en muchos casos víctimas de discriminación y violencia. A modo orientativo, según estos datos:

• La población mundial cuenta en los tiempos presentes con 7.000 millones de personas, y al menos una de cada siete sufre algún tipo de discapacidad.
• Aproximadamente un 80% de las personas con discapacidad viven en los países en vías de desarrollo.
• Cerca del 50% de las personas con discapacidad no tienen acceso a la sanidad.
• Las niñas y niños discapacitados representan un total de más de cien millones de personas en todo el mundo.
• Las niñas y niños discapacitados y los adultos con problemas mentales tienen cuatro veces más posibilidades de sufrir actos violentos.
• La ignorancia y el desconocimiento son en gran medida responsables de buena parte de la discriminación que padecen las personas discapacitadas.

A estos hechos de plena actualidad señalados por la ONU cabe añadir otros adicionales que afectan a este colectivo de personas, como son las barreras arquitectónicas que dificultan el normal desarrollo de su vida diaria, las desigualdades en el acceso al empleo y las discriminaciones laborales. Todo ello constituye de por sí una señal de alerta a interiorizar, ya que en tanto no seamos conscientes de estos graves desequilibrios difícilmente contribuiremos de forma favorable, activa y solidaria a eliminarlos.

A ese respecto, en España, en el ámbito del ejercicio del trabajo, nuestro ordenamiento jurídico consagra una serie de preceptos de base destinados a salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido:

• Los poderes públicos deben velar por la seguridad e higiene en el trabajo, y en la relación laboral el empresario debe garantizar una protección eficaz de todas las trabajadoras y trabajadores. Este aspecto alberga ineludiblemente la protección específica de aquellas/os que en base a su reconocida situación de discapacidad física, psíquica o sensorial puedan ser especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.
• Los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
• Los lugares de trabajo deben poseer un diseño que garantice su segura utilización y accesibilidad por cualquier persona.

No obstante, tanto en nuestro país como en el resto del mundo se hace necesario pasar de una igualdad legal a una igualdad real para este tipo de personas en el trabajo y fuera de este, las cuales han demostrado que participan activa y constructivamente en el desarrollo social y económico así como en el bienestar de las comunidades a las que pertenecen una vez son removidos los obstáculos que dificultan su integración.

En relación a lo indicado, el Secretario General de las Naciones Unidas ha hecho especial énfasis durante su intervención en la necesidad de transformar nuestras sociedades a fin de lograr que sean más sostenibles y resilientes para todos, aprovechando el conocimiento de las personas con discapacidad con vistas a desarrollar soluciones de igualdad para todos.

Es pues, un reto global eliminar las barreras físicas y culturales que impiden su integración, creando entornos más saludables y resilientes. Ello pasa en gran medida por permitirlas desarrollar sus capacidades así como por hacerlas partícipes del diseño, planificación e implantación de políticas y programas destinados a fomentar al máximo sus oportunidades en el conjunto de la sociedad.