Salud laboral

En mitad del verano y sin apenas atención mediática, el Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Mutuas. Esta Ley tiene una importante trascendencia ya que afecta a la atención sanitaria y las prestaciones que reciben millones de personas trabajadoras. El Proyecto de Ley abre la puerta a la privatización de la Sanidad Pública y sitúa a las mutuas como principales gestoras de las prestaciones de la Seguridad Social.
Les otorga la capacidad de proponer altas en Enfermedad Común desde el primer día de la baja, dejando de lado a los médicos del sistema público.

Les entrega un poder casi total en la gestión de la Incapacidad Temporal por Enfermedad Común. Tendrán la potestad de declarar, denegar, suspender y anular del derecho a la prestación económica. Además, los pagos realizados por ellas tendrán carácter provisional durante dos meses.

Propuestas de alta
Desde el primer día de la baja por Enfermedad Común, podrán enviar la propuesta de alta a los Inspectores Médicos de los Servicios Sanitarios Públicos, que deben contestar en 5 días.

Si el Inspector Médico quiere citar al paciente para reconocerle debe hacerlo dentro de ese plazo. En caso de no aceptar la propuesta de alta, debe aportar un informe justificativo. De no recibir respuesta en ese plazo, las Mutuas pueden dirigirse al INSS, que contestará en 4 días. Así, las altas en Enfermedad Común quedan en manos del tándem Mutuas-INSS, que ya han demostrado priorizar los buenos resultados económicos a la salud de las personas trabajadoras

Privatización de la Sanidad
Otro aspecto muy significativo es que supone un importante avance en la privatización de la Sanidad. Pretende generalizar el uso de los centros sanitarios de las Mutuas para el tratamiento de pacientes derivados de los centros públicos.

Para ello, los Servicios de Salud de las CCAA podrán firmar convenios con las Mutuas, teniendo que pagarlas por los servicios prestados en virtud de estos convenios.

Las Mutuas ya realizan tratamientos y pruebas de este tipo, pero hasta ahora lo hacen obteniendo como compensación la disminución de la duración de las bajas, y con ello, el ahorro en el pago de prestaciones.

Ahora tendrán mayores ingresos, que se detraen de la Sanidad Pública. Esto no es más que una nueva externalización que puede acabar en una derivación masiva de pacientes, en vista del poco interés del Gobierno en invertir en Sanidad Pública.

Las Mutuas también podrán celebrar convenios con entidades privadas, aumentando así su lucro.

Ocultamiento generalizado de la enfermedad profesional
Como el Proyecto supone que la única amenaza para la Seguridad Social es el supuesto absentismo injustificado, no pone de relieve ni establece soluciones frente a los principales problemas existentes en materia de salud laboral.

Ignora el ocultamiento sistemático del origen profesional de muchas enfermedades por parte de las Mutuas. En multitud de ocasiones acudimos a la Mutua enfermos, con dolores, o molestias cuyo origen laboral se niega a aceptar. Entonces nos vemos desamparados y, o bien, nos exponemos de nuevo a aquello que nos daña o nos vemos obligados a acudir a la Sanidad Pública que acaba asumiendo el coste de accidentes y enfermedades de origen profesional.

Así, las Mutuas ahorran, las empresas evitan poner medidas preventivas para evitar estas enfermedades y accidentes no reconocidos, y el Gobierno dice que la Sanidad Pública es insostenible. Mientras no se ponga solución a esto se seguirán cronificando Enfermedades Profesionales que, como los trastornos músculo-esquelético, están llegando a ser una verdadera plaga, que está haciendo mucho daño, sobretodo en algunas ocupaciones. Parecido ocurre con los cánceres profesionales cuyo origen laboral en pocos casos se reconoce.

Calificación de la gravedad de los accidentes
Pese a todo lo anterior, no se prevé para las Mutuas a ningún control de sus actuaciones sanitarias.

Este aspecto negativo de su gestión se une a otra práctica habitual que es la inadecuada calificación de la gravedad de los accidentes. La mayoría son calificadas como leves, aunque sean lesiones graves, porque de esta forma se elude el control de la autoridad laboral. En el año 2010 la duración media de la baja de los accidentes calificados como leves fue de 27,1 días, una baja de casi un mes, que contrasta con la supuesta levedad con que fueron calificados.

Fondos públicos para pagar los gastos indebidos
Aunque el Gobierno nos ponga a trabajadores y trabajadoras en el punto de mira, como absentistas y responsables de que el sistema sea insostenible, son algunas Mutuas las que han tenido actuaciones más que dudosas.

Hace poco, El País revelaba que FREMAP gastó indebidamente 43,2 millones de euros de dinero público entre 2006 y 2011. Se detectaron gastos en pagos a comerciales para captar mutualistas, dietas, viajes, coches de lujo y mariscadas para los directivos. En 2007, ya había saltado otro escándalo, en este caso de Mutua Universal, que facturó a la Seguridad Social por servicios inexistentes.

A día de hoy estos gastos indebidos se pagan con el patrimonio histórico, que es titularidad de las empresas asociadas. En caso de no ser suficiente, se puede exigir una derrama entre las empresas asociadas.

Lejos de poner los medios para evitar despilfarros, el Gobierno crea la llamada Reserva Complementaria. Con el dinero de las cotizaciones, las Mutuas podrán crear esta reserva, cuyos recursos se podrán ser destinados al pago de exceso de gastos de administración, sanciones administrativas y gastos procesales.

Se establecen para los Directores Gerentes de las Mutuas salarios compuestos por retribuciones básicas, complemento de productividad y retribuciones complementarias. Iguala sus retribuciones a las de los Presidentes ejecutivos de las entidades públicas empresariales del Estado, es decir salarios astronómicos, pero que no se concretan a pesar de salir de las arcas públicas.

La Prevención de Riesgos Laborales, despreciada
En la Ley de PRL de 1995 se establecía un modelo por el que las responsables de asegurar los accidentes laborales (Mutuas) podían asumir la Prevención de Riesgos Laborales en sus empresas asociadas. Así, el objetivo era que buscasen ahorrar costes en asistencia sanitaria y prestaciones mediante el establecimiento de un adecuado sistema preventivo.

Años después se obligó a las Mutuas a constituir sociedades mercantiles de prevención en las que podían participar, pero separando funciones. Estas sociedades controlan el 60% del total del sector, gestionando la prevención de muchas empresas y trabajadores españoles. Ahora el Proyecto de Ley les obliga a deshacerse de estas sociedades, cuyo patrimonio se generó con dinero público, antes del 15 de marzo de 2015. Muchas ya han sido puestas a la venta.

FREMAP, aceptó una oferta de 100.000 euros por su Sociedad de Prevención, que tiene un patrimonio en su contabilidad de 19,8 millones. La Seguridad Social tuvo finalmente que impedir la venta, porque imponía la contratación en exclusiva de la nueva sociedad durante 10 años, a cambio de mantener al equipo directivo. Otra, Mutua Gallega vendió su sociedad de prevención a un empresario del mundo del fútbol.

Es necesario plantearse si el modelo actual de prevención, en el que la Ley ahonda, en el que las empresas basan la elección de su Servicio de Prevención únicamente en función del coste, es el mas adecuado, sobretodo dada la situación existente en materia de prevención y la alarmante siniestralidad laboral, que además se viene incrementando recientemente de forma alarmante.

Desde la USO decimos ¡¡¡NO!!! a este Proyecto de Ley
Cambia el nombre a las Mutuas, hasta ahora llamadas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social por el de Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social. Abre la puerta a cualquier tipo de nueva colaboración, como ya se ha venido haciendo desde los años 90, ampliando cada vez más el abanico de prestaciones que gestionan (de incapacidad temporal por contingencias comunes, por profesionales, de embarazo, lactancia, por cuidado de hijos con enfermedad grave, prestaciones de autónomos,..) pasan cada vez más de actuar en el campo del Accidente de Trabajo y la Enfermedad Profesional a ser las principales encargadas de gestionar prestaciones de la Seguridad Social.

Deja sin solucionar los problemas con el reconocimiento y calificación de la enfermedad profesional, deja el control de la Enfermedad Común en manos del tándem Mutuas-INSS y busca privatizar la Sanidad. Los propios empresarios son los que controlan nuestros procesos de incapacidad, buscando acortarlos para ahorrar prestaciones y así pedir la bajada de las cuotas de la Seguridad Social. No establece mecanismo para solicitar cambio de Mutua, ni para controlar su actuación a nivel sanitario. Si se controlará a los Inspectores Sanitarios en sus respuestas a las Mutuas. Por todas estas razones desde la USO decimos alto y claro: ¡¡NO A LA LEY DE MUTUAS!!