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“El diálogo social es una cuestión de los Estados miembros”. Esta frase fue pronunciada por Jhon Rowan de la Dirección General de Empleo de la Unión Europea, ante una pregunta del representante de USO sobre la necesidad de incluir un Protocolo sobre el diálogo social, con indicadores sobre su calidad, entre las recomendaciones que la Comisión Europea establezca en el desarrollo del control intergubernamental del Semestre Europeo que evalúa y recomienda reformas estructurales a los países miembros de la UE.

Como es sabido, el Semestre Europeo es un mecanismo para coordinar políticas económicas que eviten o corrijan desequilibrios macroeconómicos que tanto la Comisión como los Gobiernos se han dotado como aplicación del Plan de Estabilidad y Crecimiento, el horizonte Europa 2020 y el Marco Financiero Plurianual.

La discusión se producía en el entorno de dos encuentros simultáneos que se han realizado en Bruselas los días 13 y 14 de marzo. En el primero, diferentes sindicatos de la CES evaluaron los cambios que se tienen que producir ante las propuestas gubernamentales nacionales y de la Comisión Europea de reformas estructurales (empleo, I+S, formación, pensiones, infraestructuras, etc.). Lo hacían reclamando que el Pilar Europeo de Derechos Sociales tenga similar prioridad de cambios normativos y presupuestarios que otras políticas.

También, en este primer encuentro, se valoró la asimetría y calidad del diálogo social entre los diferentes países europeos. Se constató que en España no hay un diálogo social digno porque el Gobierno sólo reclama puntualmente a algunos sindicatos que le comuniquen sus prioridades, con escaso tiempo y sin entrega previa de un borrador suyo de análisis sobre sus prioridades, formuladas cualitativa y económicamente. Sólo hay -a posteriori de la entrega a la Comisión Europea del Plan de Reformas anual-, una petición formal de enmiendas sin ninguna interacción. Ese no es el comportamiento con la CEOE que sí que tiene más cauces e intercambios.

En el segundo encuentro con funcionarios de la Unión Europea, esta vez con la participación de las patronales, entre ellas Business Europe (que integra a la CEOE) y UEAPME (que integra a CEPYME), se constató el contraste entre portavoces según los países de origen. Unos, quejándose del comportamiento de sus gobiernos y patronales, y otros no tanto, como los que tienen una tradición de diálogo social real. En este último caso, cabe citar a Finlandia que ante el problema de sostenibilidad del sistema de pensiones habían llegado a un acuerdo tripartito para aumentar la edad de jubilación a 62 años, mantener la cuota de cotizaciones sociales para mantener la competitividad de la economía finesa y aumentar ligeramente la aportación empresarial.

Los sindicatos, a través de la CES, seguirán reclamando a la Comisión Europea la puesta en marcha en los espacios nacionales de un verdadero diálogo social y que la inclusión del pilar social determine unos cambios en las reformas estructurales que faciliten una mayor cohesión europea.