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Todos los tripulantes de cabina y pasajeros de Ryanair han recibido hoy un email en el que se les remite una encuesta sobre si secundarán o no la huelga de los días 25 y 26 de julio. La compañía irlandesa, además, amenaza a los trabajadores que no respondan antes de las 6 de la tarde
de mañana, miércoles 18 de julio, con “recibir un email personal el jueves reclamando su respuesta”. Además, amenaza con descontar a cada trabajador que vaya a la huelga en torno a los 400 euros. Es decir, la tercera parte de la mensualidad de un TCP en España, a pesar de las informaciones falsas difundidas por la empresa de que los tripulantes cobran 40.000 euros al año.

USO interpondrá en las próximas horas denuncias ante la Inspección de Trabajo por la vulneración del derecho fundamental a la huelga recogido en nuestra legislación. “Tras la reunión cerrada ayer con desacuerdo con Ryanair, se reflejó en el acta la ilegalidad de que la empresa contacte con los trabajadores para ‘consultarles’, como ellos dicen, si irán a la huelga o no. Una vez más, Ryanair sigue su propia ley, no cumple ni siquiera con los acuerdos que rubrica, y ha enviado esta encuesta a los trabajadores con el fin de reventar la huelga”, explica Ernesto Iglesias, responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo.

Tal y como hizo en Portugal y ya denunció USO en abril, “Ryanair está intentando boicotear la huelga fomentando el esquirolismo. Entre las preguntas de la encuesta, figuran otras destinadas a los que esos días no tenían turno de vuelo, sobre si estarían dispuestos a trabajar en su jornada libre”, arremete Iglesias. “Ya es hora de que se ponga coto a esta compañía, y esperamos que tanto Fomento como Trabajo se impliquen en que Ryanair no siga ejerciendo en nuestro país un colonialismo laboral contra nuestros trabajadores, nuestra legislación y nuestros impuestos”, reclama el responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo. “En nuestro país, desde hace décadas, la huelga es un derecho fundamental reconocido en nuestros textos básicos. Intentar cuestionarlo es como interrogar a una persona por su orientación sexual o sus creencias religiosas”, finaliza Iglesias.