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Un informe de la administración concursal de Seguridad Integral Canaria concluye que la empresa tiene tal desfase entre activos y pasivos exigibles que está abocada sin remedio a la liquidación. El informe ahonda en las inconcreciones en la gestión de la compañía, además de acusar de falta de colaboración al equipo saliente, tanto con los propios administradores como con los nuevos gestores, quienes presentan otra actitud, pero sin los conocimientos necesarios sobre la situación como para reconducir la empresa.

Desde FTSP-USO, el secretario general Basilio Alberto Febles lamenta “el desamparo en el que pueden caer los trabajadores de Seguridad Integral Canaria si los clientes que aún mantienen contratos de seguridad con ella no los rescinden y eligen a otras empresas que subroguen a la plantilla y pongan fin a meses de impagos. Los trabajadores ya no pueden más: familias en una situación económica muy precaria, con sostén de conocidos u otros familiares; amenazas de cortes de suministro o incluso de desahucios… unas condiciones de vida insostenibles”.

Febles señala como origen de la caótica situación de SIC su “bajada temeraria del precio en los concursos públicos, con la ayuda de un convenio de empresa de menor coste salarial que el de sector que, tras su anulación, ha provocado un millonario pago de atrasos a trabajadores y cotizaciones a la Seguridad Social”, resume. “La fuerte expansión de Integral se produce en 2012, cuando se hace con todo el servicio de las edificaciones y espacios exteriores dependiente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. En 2013, fruto de la política de licitaciones y contrataciones de la sociedad, también recibió la adjudicación de Metro de Madrid, y siguió con los centros y delegaciones de Gobierno, Ejército de Tierra y Defensa Nacional en 2014”, continúa relatando Febles.

Tras esta política de expansión, “en 2017, la sociedad tenía concertados 465 contratos de servicios de vigilancia, un tercio de ellos con el sector público. Algunos de ellos aún se mantienen, como con el Gobierno de Canarias. Desde FTSP-USO instamos de nuevo a las empresas contratistas, como Disa, La Caixa o Hiperdino, pero sobre todo a las administraciones públicas, a rescindir los contratos con esta empresa para aliviar la situación de sus trabajadores”, concluye Basilio Alberto Febles.