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El acuerdo entre PSOE y Podemos sobre el que se negociarán los futuros Presupuestos Generales del Estado para 2019 contempla un giro positivo en varias medidas sociales, económicas y laborales, pero no se atreven con reformas de calado del sistema, sino que se trata de medidas cortoplacistas que dejan en el aire cada año derechos esenciales, como las pensiones o derogar las reformas laborales y elaborar una desde cero.

Después de filtrarse esta semana las negociaciones entre los llamados sindicatos mayoritarios, la patronal y el Ministerio de Trabajo, este acuerdo de Presupuestos confirma que muchas de las medidas contempladas ya estaban pactadas en el Diálogo Social, de la misma manera que se han pactado o consentido muchas de las medidas que ahora se quieren corregir como si fueran responsabilidad de otros.

Ni el acuerdo en la mesa del Diálogo Social ni el acuerdo presupuestario contempla la derogación de las reformas laborales, solo “sus partes más lesivas”. En este sentido, se refieren a la ultraactividad. USO tuvo que pelearla en los tribunales, hasta llegar al Tribunal Supremo, para que los trabajadores que no llegasen a un nuevo acuerdo no perdieran todos sus derechos y volvieran al Estatuto de los Trabajadores. En estos seis años, el Diálogo Social no ha servido para revertir esta injusticia. Y ahora lo que se plantea no es una mejora, sino volver a la situación previa a la Reforma Laboral, cuando los jueces y otras organizaciones, no las del Diálogo Social, han hecho ese trabajo.

Y, sin embargo, se le encarga nuevamente al Diálogo Social, con sus mismos actores, propuestas obsoletas y procedimiento viciado, que elabore un nuevo Estatuto del Trabajador.

En cuanto al SMI, nos alegramos de una nueva subida; pero 900 euros sigue siendo un salario insuficiente para garantizarse una vida digna. Los salarios deben ser una prioridad, tanto el garantizar que no se pierda poder adquisitivo como el elevar el suelo de los más bajos. Es necesario un compromiso de todos y una regulación para que la recuperación y el crecimiento de la riqueza llegue a las rentas del trabajo, no solo a la macroeconomía y los beneficios empresariales. Según las estimaciones de la Confederación Europea de Sindicatos, el SMI debe ser dos tercios el salario mediano de un país, y esa cifra, en el caso de España, roza los 1.200 euros mensuales.

Otros de los trazos de los PGE en materia laboral están dedicados a la lucha contra la brecha salarial de género y el techo de cristal, sin concretar una sola medida para lograrlo en el apartado de empleo. Sí se contempla, en otro de los puntos, que se equipararán los permisos de paternidad y maternidad. Desde USO consideramos que es un paso necesario hacia la corresponsabilidad en los cuidados para quitarle a la mujer el lastre histórico de su papel de cuidadora.

Sobre pensiones, USO echa en falta que, habiendo elaborado un capítulo llamado “Blindaje de nuestro Estado del Bienestar”, nuestro sistema de pensiones no se contemple ahí, a pesar de haberse valido de una palabra que ya casi un millón y medio de personas ligan a las pensiones: el blindaje. Las tratan aparte, anunciando medidas que a priori suenan bien, como “sostenibilidad del sistema”, con actuaciones sobre las cotizaciones e introducción de un impuesto a las transacciones financieras que ayudan pero no cubren la mencionada sostenibilidad. Respecto a la subida anual, estamos de acuerdo en que se fije en función al IPC, pero no como un pacto puntual que para 2020 pueda cambiar si cambian las negociaciones. Es ahí donde pedimos un blindaje y no un acuerdo anual.

En USO nos llama la atención que el pacto presupuestario contemple un capítulo dedicado a la “regeneración democrática” y que solo se hable de la “Ley Mordaza” y la Ley Electoral, obviando a todas luces la necesaria regeneración democrática en el marco sindical con una necesaria reforma profunda de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Los partidos políticos se preocupan así de su representación parlamentaria, pero seguirán permitiendo todos los privilegios que perpetúan al bisindicalismo e impiden que otras organizaciones puedan crecer en representación y enriquecer mesas más abiertas y con más propuestas.

El acuerdo presupuestario presenta muchas más líneas a analizar, tanto de empleo como en políticas sociales y económicas: vivienda, lucha contra el fraude, transición energética… todas ellas con posicionamientos claros de la USO recogidos en nuestros textos fundamentales, y que serán objeto de un análisis más exhaustivo por nuestra parte cuando se concrete si se firman estos PGE y con qué enmiendas.