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El concurso público para la seguridad privada de Patrimonio Nacional, uno de los más importantes de la Administración, por valor de 21.152.738,27 euros anuales, prorrogables hasta 36 meses, ha sido paralizado tras la interposición de un recurso especial por parte de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO (FTSP-USO).

El pasado 18 de septiembre fueron aprobados, por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas del expediente,  así como el gasto correspondiente y el expediente de contratación.

Al tener conocimiento de ello, la FTSP-USO presentó el 15 de octubre un recurso especial tras advertir a la mesa de contratación en un escrito dirigido al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional de la irregularidad que suponía atribuir al precio el 51% del peso en los criterios de adjudicación.

El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional solicitó un informe a la Abogacía del Estado, debido al error incluido en el pliego de cláusulas administrativas al atribuir al precio el 51% del peso en los criterios de adjudicación, lo que resultaría contrario a lo dispuesto en el artículo 145.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. De esta forma, se constató la existencia de una infracción no subsanable de las normas reguladoras del procedimiento de adjudicación, por lo que se determinó desistir del procedimiento de contratación iniciado e iniciar una nueva licitación.

La FTSP-USO ha vuelto a salir en defensa de los intereses de los trabajadores del sector de la seguridad privada, para que en la ejecución de los futuros contratos que se firmen, se pueda garantizar los derechos de las plantillas. Con recursos como el interpuesto, además de recordar la obligatoriedad de cumplir con las Directivas del Parlamento Europeo respecto a la contratación pública, se contribuye a posibilitar que las empresas del sector puedan acceder a los concursos con baremos de calidad y no solo de precio.