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La Unión Sindical Obrera, junto a Sitcpla, han presentado demanda de tutela de derechos fundamentales y libertad sindical de los tripulantes de cabina en la Audiencia Nacional contra Ryanair y las agencias Crewlink y Workforce, que suministran a la aerolínea el 75% de los tcp que operan sus vuelos, por vulneración del derecho a huelga de los trabajadores en los paros convocados en el mes de julio y septiembre de 2018 y del derecho de libertad sindical.

Los sindicatos solicitan que la Audiencia Nacional condene a Ryanair, Crewlink y Workforce, a una indemnización de 75.000 euros a cada uno de ellos así como a la devolución a los trabajadores que secundaron alguna de las convocatorias de huelga del importe indebidamente descontado correspondiente al concepto “bonus de productividad”.

En el texto de la demanda se detallan los hechos que, durante las tres jornadas de huelga convocadas por los sindicatos, constatan que tanto la compañía irlandesa como sus “agencias” de colocación vulneraron y coartaron el derecho a huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros que prestan sus servicios en España.

Cuestionarios enviados los trabajadora para saber si iban a secundar o no la huelga: llamadas teléfonicas de los jefes de base; campañas de desprestigio hacia los sindicatos; grabaciones a los tcp que libremente decidieron secundar la huelga y manifestarse pacíficamente a las puertas de los aeropuertos; la no comunicación al comité de huelga del listado de vuelos protegidos; imposición de guardias e imaginarias en número excesivo; no designar vuelos de mínimos a los tcp; obligar a hacer venta a bordo, en contra de la resolución de mínimos de fomento, amenazando con acciones disciplinarias, incluido el despido, o el descuento íntegro del bonus de productividad, y no de forma proporcional a los días en que secundaron la huelga, son algunos de los hechos que se destacan en el texto de la demanda.

Además, se hace referencia a la reciente resolución de la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la que se constata la obstrucción a la labor inspectora, la vulneración del ejercicio del derecho de huelga y la transgresión de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Para Pedro Alzina, secretario general de USO Sector Aéreo, esta demanda es producto de “la constatación del poco respeto que Ryanair ha demostrado a lo largo de este año de intento de negociaciones por todas las instituciones españolas, desde la Dirección General de Trabajo y sus mediadores hasta la propia Inspección de Trabajo”. Y recuerda que “también a nivel político hemos tenido menos apoyo, por no decir ninguno, que en otros países europeos como Alemania y Bélgica. Aquí, tanto los ministerios de Trabajo y Fomento como la propia Presidencia del Gobierno se han puesto de perfil y han beneficiado, por omisión, a la compañía”, sentencia Alzina. La vista ha sido fijada por la Audiencia Nacional para el próximo 29 de enero a las 10:00.