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La comisión negociadora del pretendido ERE de Alcoa para las plantas de Avilés y A Coruña ha tenido hoy su primera reunión en Madrid. En ella, “Alcoa ha pretendido entrar rápidamente en materia para explicar la documentación con la que se pretende justificar el ERE. Desde la representación de las trabajadores se interrumpió esta exposición para exigir la retirada del expediente y que se establezca un período amplio de negociación sin presiones, tal y como la Dirección General de Trabajo nos recomendaba a ambas partes en su oficio”, expone Alberto Grijalbo, secretario general de la sección sindical de USO en Alcoa-Avilés y miembro de la comisión negociadora por USO.

Sin embargo, la empresa, por su parte, se niega a retirar el ERE y se reafirma en que el período de consultas está iniciado y que el máximo plazo que contemplarían sería hasta el 15 de enero. “A continuación, hemos querido hacer constar que, en la documentación aportada, no hay justificación de que nos encontremos ante un grupo laboral de empresas, dado que no concurren las circunstancias necesarias para ello y, por tanto, el expediente se presenta en fraude de ley, y exigimos que esto se recoja en acta”, continúa Grijalbo. Alcoa se reafirma en la legalidad del expediente, tal y como justifica en la documentación aportada.

Alcoa explicó durante la reunión su memoria justificativa, argumentando pérdidas de 17 millones de euros en 2017, y previendo que este año año cerrará en torno a los 90 millones de pérdidas entre las dos plantas. “Los responsables de los trabajadores, por nuestra parte, hemos pedido explicaciones por esta subida sustancial de previsión de pérdidas, y como respuesta nos dan que, hasta ahora, estaban contabilizando en las previsiones que se iban a recibir las primas por emisiones de CO2, pero que, en vista de que estamos en diciembre y no hay visos de recibir estas cantidades en el ejercicio, se ven en la obligación de quitarlas de la previsión, con el consecuente aumento de las pérdidas”, relata Alberto Grijalbo.

Por la parte social, “contraargumentamos todos los datos que nos expone la empresa, en el sentido de que están manipulados e inducidos para justificar la necesidad de ejecutar el ERE”, finaliza el delegado de USO. Se continuará en este punto en una próxima reunión.