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Los trabajadores de la UTE Parques y Jardines de Santander, apoyados por USO Cantabria, han vuelto a concentrarse en el centro de Santander. Ya han pasado 2 meses desde que el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento santanderino, José Ignacio Quirós, anunciara que ya había una propuesta de adjudicación del servicio, y aún se sigue sin tener más datos de la mesa de contratación. Durante la concentración han anunciado que, una vez esté presentada la propuesta de adjudicación, previa a la adjudicación definitiva, la estudiaremos y demandaremos si se aprecian irregularidades.

Ante esta situación, el comité de empresa, acompañado por dos centenares de trabajadores, han reivindicado en las calles que “como consecuencia de este extraño proceso de adjudicación, no paguemos las consecuencias y tengamos una merma del servicio, pérdida de derechos laborales y destrucción de empleo, que se deriven de una adjudicación no clara”.

El presidente del comité y delegado por USO, Oscar González explica que “para hacerse la propuesta de adjudicación por parte de la mesa de contratación, se pidió un plan de solvencia o viabilidad económica a la propuesta que más alta nota sacó en el citado proceso de adjudicación. Y a día de hoy, después de 2 meses, seguimos sin que se pronuncien sobre tal plan, sin darlo a conocer a la mesa de contratación. Llevamos casi un año esperando a que se resuelva definitivamente el proceso de adjudicación”.

González denunció que tanto la alcaldesa, como el concejal y la directora de Medio Ambiente, les pidieron que “no impugnáramos el pliego, a pesar de la cantidad de dudas al respecto para no ralentizar el proceso”. Según el presidente del comité, “nos dieron su palabra de que no permitirían que ninguna candidata que pusiera en peligro nuestros derechos laborales y puestos de trabajo pasara la criba para llegar al final. Y no lo han cumplido”.

Asimismo, González informa que el pasado 21 de enero, Urbaser ha recibido un requerimiento desde Intervención municipal solicitando los costes nominales de la empresa. Este hecho, dos meses después de la presunta propuesta de adjudicación, es considerado por el comité como “una broma”. Desde el comité consideran que “de todo esto se extrae que no hay voluntad de cuidar a los trabajadores y que no pierdan sus derechos. Que importa muy poco la calidad del servicio y, por tanto, les da igual el uso racional de los impuestos que pagan todos los santanderinos. Por todo, se demuestra que este Equipo de Gobierno falta constantemente a la verdad por lo descrito anteriormente y que se huele un tufillo raro de todo el proceso de adjudicación”.