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El pasado 20 de febrero, la secretaria general de LSB-USO Euskadi, Maribel Muñoz, compareció en el Parlamento Vasco, junto con responsables de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), para solicitar que el Parlamento realice una declaración institucional, apoyando y haciendo propia la moción para que sea obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones, ya aprobada por diversas instituciones como el Parlamento de Navarra, la Generalitat Valenciana, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Cantabria y hasta 60 ayuntamientos.

Durante su intervención, Muñoz afirmó que “creemos que el blindaje constitucional de las pensiones es una alternativa estructural para que las pensiones públicas no dependan de las correlaciones de fuerzas o de los acuerdos políticos puntuales, de las condiciones económicas o de unos Presupuestos Generales concretos, para que lo que se consiga ahora no se pierda dos o cuatro años después.”

“Entendemos que es un derecho, un símbolo de progreso y una conquista democrática, por no terminar explicando que es el sostén de muchas familias, por ello, no pude ni debe, ponerse en riesgo.
Tenemos que protegerlo ya que las pensiones públicas deben ser tratadas como columna vertebral del Estado Social, un derecho que no puede ser cuestionado”, defendió enérgicamente Muñoz, para proseguir reivindicando que las pensiones “deben elevarse en nuestra Carta Magna a la categoría de derecho fundamental, prohibiendo con ello su privatización y la pérdida del poder adquisitivo a través de un mandato que comprometa a todos los gobiernos y al conjunto de la Administración. Solo así, las pensiones públicas estarán verdaderamente protegidas, ya que los fondos privados no deben sustituirlas”.

También recordó los seis años de trabajo en la calle y en las instituciones que ha llevado a cabo la MERP, con la entrega de un millón y medio de firmas, recogidas por las 300 organizaciones que la componen, en más de 200 poblaciones, y entre las plantillas de más de 100 empresas y administraciones públicas, desde ámbitos muy diversos que supone una garantía de pluralidad y representatividad.

La secretaria general de LSB-USO Euskadi finalizó su comparecencia en el Parlamento Vasco solicitando a todos los grupos y a la Comisión de Trabajo y Justicia que se hagan todos los esfuerzos necesarios para que, de este modo, “intentemos garantizar este bien común y así, al final de nuestra trayectoria laboral, podamos tener una vejez digna acorde al esfuerzo de toda una vida aportando nuestra cotización y no tengamos que cuestionarnos la supervivencia en esa etapa de la vida”.