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El secretario general la Federación de Industria de USO (FI-USO), Pedro Ayllón, ha anunciado que el sindicato “iniciará cuantas acciones legales considere oportunas para restituir los derechos y el daño ocasionado a la plantilla y los representantes sindicales de Kalise”.

Estas declaraciones han sido realizadas en la rueda de prensa celebrada hoy en Las Palmas, en la que además ha estado presente Juan Pedro Vega, presidente del comité de empresa de Kalise en Gran Canaria, despedido junto a otros dos delegados el pasado 16 de septiembre, y en la que se ha anunciado una manifestación para el próximo 2 de octubre, a las 19:00, que arrancará de la Plaza de la Feria, donde se encuentra la Delegación del Gobierno, y culminará en la Plaza Doctor Rafael O’Shanahan, frente a la presidencia del Gobierno canario.

Los trabajadores de Kalise llevan con el sueldo congelado desde 2010, han tenido que soportar fuertes reestructuraciones como el ERE en 2013 y llevan con el convenio vencido desde diciembre de 2018. Ante la negativa de la empresa para iniciar las negociaciones del nuevo convenio, USO convocó huelga el pasado 1 de agosto. “Nuestra única actividad ha sido participar en la huelga para instar a la empresa a sentarse a negociar un nuevo convenio colectivo, pero está claro que la reivindicación de mejores condiciones para la plantilla no está permitida en Kalise”, denuncia Vega.

Un total de 8 delegados sindicales y cuatro trabajadores de Kalise fueron sancionados la pasada semana por la dirección de la empresa, en lo que es “una clara vulneración del derecho a huelga y a la negociación colectiva, un claro abuso empresarial”, reivindica el secretario general de FI-USO. Concretamente, tres delegados del comité de empresa fueron despedidos -entre ellos se encontraba el presidente del mismo-, así como una afiliada de USO; otros cuatro delegados han sido sancionados con 60 días de empleo y sueldo; otro delegado, con 15 días de empleo y sueldo; y tres trabajadores, con 7 días de empleo y sueldo.

“USO exige a Kalise que los trabajadores despedidos sean inmediatamente readmitidos y las sanciones planteadas queden sin efecto ante este gravísimo acto de represión sindical”, exige tajantemente Ayllón.