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Siguiendo el llamamiento de la Confederación Sindical Internacional, el sindicato USO ha enviado una carta a la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, reclamando que España rechace la prevista anexión de territorios de Cisjordania por parte israelí.

El anuncio, al que se le ha puesto fecha, ha sido hecho por el nuevo gobierno de coalición israelí dirigido por el primer ministro Netanyahu y su coaligado, el ex general Gantz, y está avalado por el gobierno estadounidense del presidente Trump.

En la carta, se señala la urgencia de la toma de postura española porque el plan del gobierno israelí es anexar partes sustanciales de Cisjordania como el valle del Jordán, y podría iniciarse a principios del mes de julio.

Repercusiones sociales y económicas de la nueva anexión de Israel

La nueva anexión de Israel tendría enormes repercusiones sociales y económicas para las comunidades y los trabajadores palestinos. De hecho, se espera que el plan desconecte a unos 200.000 palestinos de su entorno socioeconómico.

El 23% de la zona que va a ser anexada son terrenos palestinos de propiedad privada, donde se encuentra la mayor parte del sector agrícola de Palestina, y con los que los trabajadores palestinos se ganan la vida. Los recursos hídricos vitales y las tierras agrícolas fértiles en las mismas zonas estarían permanentemente sujetos a la ley israelí de asentamiento de tierras de 2017, que permite al Gobierno israelí controlar las propiedades de las personas “ausentes” en la Zona C, así como el control de las propiedades que reivindica como “propiedad pública”.

Además, el plan haría avanzar más la implementación de la ley del “Gran Jerusalén” que ha promulgado la anexión de tres principales bloques de asentamientos que cubren una extensión territorial de 175 kilómetros cuadrados en el distrito ocupado de Jerusalén. Este plan acabaría con la posibilidad de cualquier acuerdo negociado en el futuro y el establecimiento de una capital palestina en la ciudad. La anexión rompería la contigüidad territorial entre Jerusalén Este y Cisjordania, la cual es esencial para las condiciones de vida de los palestinos y su capacidad para llevar una vida independiente y sostenible en el futuro.

El plan de anexión de Israel propuesto representa una clara violación del derecho internacional y anula de hecho toda perspectiva de negociaciones genuinas que conduzcan a la realización de una solución de dos Estados basada en las Resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Este como capital de un Estado soberano de Palestina.

La carta insta, finalmente al Gobierno español a que rechace con carácter de urgente este plan y ejerza presión y mecanismos coherentes con ese rechazo sobre el Gobierno israelí para impedir su aplicación.