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Diez años de la convalidación en el Congreso de la Reforma Laboral de 2010, que abarató el despido, elevó la temporalidad y no mejoró ni empleo ni salarios

Hoy se cumplen diez años de la primera reforma laboral de la crisis. Exactamente, una década de la convalidación por parte del Congreso del RD 10/2010, que daría posteriormente lugar a la Ley 25/2010 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. El Gobierno de Zapatero justificó por entonces su necesidad por el contexto de crisis económica, incremento del déficit, preocupación por la baja capacidad económica, caída de ingresos y el incremento del desempleo, que en los últimos dos años había crecido en casi dos millones y medio de personas, situando la tasa de paro en el 20%.

El secretario general de USO, Joaquín Pérez, analiza los efectos negativos contra los que nuestro sindicato ya se movilizó por entonces, y pone en evidencia que no consiguió, con sus recortes, relanzar el empleo. Solo la evolución de la propia economía terminó por crear de nuevo puestos de trabajo, de peor calidad que los destruidos.

Reforma Laboral de 2010: devaluación del empleo en cantidad y en calidad

La Reforma Laboral de 2010 se denominó con el eufemismo de “corrección del modelo laboral”. Y se vendió como la herramienta para fomentar la creación de empleo y mejorar la empleabilidad; incrementar la capacidad productiva; reducir la temporalidad (era por entonces de un tercio de los trabajadores); y hacer más fuerte nuestra economía con un control del gasto presupuestario y un equilibrio del déficit. Sin embargo, se tradujo en devaluación de la cantidad y calidad del empleo; desregulación; devaluación salarial; y un incremento notable de la dualidad laboral.

Un fracaso del Gobierno y también del Diálogo Social que, en los años anteriores, había dado por buenas distintas medidas y firmaron inútiles Acuerdos por el Empleo y la Negociación Colectiva. Figuras que no estuvieron a la altura de la responsabilidad y de las circunstancias: más de 4,5 millones de desempleados. Los sindicatos del Diálogo Social volvieron a ser parte inactiva, en vez de combativa, de las políticas que se habían venido acometiendo. Un Diálogo Social que era, y que continúa siendo hoy, excluyente. Un Diálogo Social que se preocupó de que el tercer sindicato de España, USO, no apareciera.

Huelga general de 2010 convocada por USO

La USO se opuso frontalmente en su momento a la Reforma Laboral. Nuestro sindicato convocó una huelga general que no consiguió tumbarla, pero que al menos sonrojó a un Gobierno que había elegido el camino de tratar de mejorar los números a toda costa, por encima de las personas y la dignidad del empleo.

El sindicato USO estuvo firme en contra de las ilusorias teorías que sustentaban unas medidas que, además de ser injustas, evidenciaban una incapacidad manifiesta de acometer la situación con eficacia. En USO estábamos seguros de que no servirían para mejorar la economía, ni la competitividad de nuestras empresas, ni el empleo, ni la vida de la gente, sino todo lo contrario.

Un golpe bajo a los trabajadores y trabajadoras, amparada en una crisis que el Gobierno obvió e ignoró en su primer tramo, y que pensaba que iba a solucionar de forma mágica a costa de devaluar el empleo (despedir más fácil y más barato), y de incentivar y bonificar cuantiosamente a las empresas.

Frente a estas propuestas, el sindicato puso encima de la mesa la necesidad de potenciar un nuevo modelo de crecimiento sostenible, productivo y redistributivo, con el empleo de calidad por bandera, con medidas concretas en el ámbito económico, social y laboral.

Facilitar y abaratar el despido gracias a la Reforma Laboral

Sin embargo, la Reforma Laboral introdujo el despido de trabajadores por causas económicas con 20 días de indemnización cuando las empresas tuvieran pérdidas. Pero también cuando previeran tenerlas e, incluso, ante una una persistente caída de ingresos. Se habilitó la reducción de las jornadas por los mismos motivos y se facilitó el despido por absentismo si se superaba el 2,5%.

La Reforma Laboral de 2010 ya abrió la posibilidad de no aplicar el régimen salarial del convenio correspondiente mediante el descuelgue. Además, generalizó el ya existente contrato de fomento del empleo, al que le correspondía una indemnización por extinción de 33 días por año trabajado. Las nuevas medidas establecían un mayor control sobre los “desempleados sospechosos de falta de voluntariedad de acceder a un empleo” mediante los cursos del SEPE.

La nueva legislación laboral potenció el papel de las secciones sindicales frente a los comités de empresa elegidos democráticamente por los trabajadores en los centros de trabajo. Así, se daban nuevas prebendas a los sindicatos más representativos, con la posibilidad de acordar nuevas unidades de negociación. Redujo asimismo el preaviso de los despidos individuales con causa y capaba la nulidad en caso de cuestiones formales.

Y, entre otras lindezas, se suprimían diversas limitaciones y prohibiciones a empresas de trabajo temporal (ETT) como supuesta solución a una incapacidad de los servicios públicos que no se quería resolver. Más poder para las ETT que para el SEPE.

La posterior judicialización de la Reforma Laboral

Lamentablemente, todo el mundo quedó retratado en ese momento e inmediatamente después, con lo que ya se veía venir: una subida impositiva del IVA y la reforma de las pensiones acordada con los sindicatos más representativos pocos meses después; con un endurecimiento para el acceso a las mismas y recortes importantes en las prestaciones de futuro. La USO confrontó como organización ambas medidas. En esta ocasión, mucho más solos, mientras otros las rubricaban y miraban para otro lado.

Después, vino la batalla sindical en las empresas, la interpretación de jueces y Autoridad Laboral, la falta de aplicación y, un poco más adelante, otra vuelta de tuerca con la Reforma Laboral de 2012. Esta quiso sustentarse en el empeoramiento de la crisis de 2008, y ya la ejecutó otro gobierno.

Ambas reformas, además de ser injustas y proponer una utilización del trabajo pervertida, solo han evidenciado una cosa: que precarizar el empleo no es la solución. Aunque a veces pueda mejorar los números al trocearlo, o incrementar la temporalidad y el volumen de contratación. Es la actividad económica, sustentada en empleo estable y salarios decentes, la que genera puestos de trabajo, mejora y hace prosperar a la sociedad y la economía.

Se necesita un empleo que se mantenga por sí mismo y dinamice la actividad económica; que no dependa tanto del exterior, en sintonía con nuestra realidad empresarial y nuestro mercado de trabajo. Un empleo que apueste por la industria y que invierta en puestos de trabajo en educación, formación profesional y capacitación digital; en sanidad y atención social; que dinamice los empleos tecnológicos, la atención administrativa pública eficiente y la investigación científica. Un empleo que apueste por la gente y la sociedad lo primero.

La Reforma Laboral de 2010, en datos: efectos sobre el empleo una década después

En este contexto, el Gabinete de Estudios de USO ha realizado un informe comparativo entre la situación del empleo hace 10 años y hoy, teniendo en cuenta la situación previa a la llegada del covid-19 y la estrictamente actual.

“De 2010 y 2013 cayó fuertemente la afiliación a la Seguridad Social. Y lo hizo más en los años de las dos reformas, 2010 y 2012, que en sus sucesivos, 2011 y 2013 respectivamente. Esto refuerza nuestra idea de que empobrecer las condiciones laborales y abaratar el despido no crea empleo. El empleo se crea cuando hay actividad económica, las empresas no contratan porque puedan despedir, sino que contratan cuando de verdad cree que se puede trabajar. Por ello, los esfuerzos legislativos para dinamizar el mercado laboral llevaron una dirección errónea: debían haberse orientado a potenciar la actividad económica, que es la que sí necesitará de más personas trabajadoras”, defiende Joaquín Pérez, secretario general de USO.

La afiliación a la Seguridad Social no volvió a los niveles de 2010 hasta 2016, y fue a partir de ahí cuando comenzó a ganar cotizantes a tenor de millón anual hasta el golpe de la pandemia del coronavirus, que nos ha devuelto a agosto de 2018. Sin embargo, esos datos de afiliación son engañosos.

“Se han recuperado cotizantes, pero no se han generado puestos de trabajo de calidad. Hay muchos más trozos de empleos pero no tantos empleos. Mirando las jornadas completas efectivamente trabajadas, no fue hasta 2018 cuando se recuperó el nivel de empleo de 2010. Mientras en 2019 había 1,6 millones de cotizantes más, en realidad solo había 530.000 nuevas jornadas completas”, analiza Pérez.

322 contratos firmados para sumar cada jornada completa

Sin tener en cuenta el golpe de estos meses, para llegar a una situación de apenas medio millón de jornadas completas nuevas en una década, la “de la recuperación”, se han firmado 172 millones de contratos; es decir, 322 contratos para cada jornada completa.

“Además de abaratar el despido, la Reforma de 2010 y su heredera precarizaron el trabajo, que se hizo cada vez más temporal. Entre otras medidas, le dieron más poder a las ETT en detrimento de las labores del SEPE, fomentando agencias de colocación que solo ofrecen trabajos temporales. El resultado es que España tiene una tasa de temporalidad un 8% superior a los países de nuestro entorno. En estos diez años, el porcentaje de contratos indefinidos firmados no llega al 9%, y las peores cifras se dieron precisamente al año siguiente de cada reforma, con el 7,7% de contratos indefinidos sobre el total”, recuerda el secretario general

La situación actual y la necesaria contrarreforma

Todos estos datos se han visto agravados si, en lugar de con 2019, los comparamos con el efecto pandemia en el que estamos inmersos. “Hay una enseñanza que debe quedarle clara a este gobierno y a los que vengan detrás: recortar derechos y abaratar despidos no crea empleo. Por lo tanto, esperamos que caigan en la tentación de mantener o ampliar medidas tan dolorosas como inútiles. Lo que en su día llamaron, con mucha sorna, ‘corrección del mercado laboral’, debe ser hoy ‘corrección de los ataques y contrarreforma laboral’. Hay que reconstruir la legislación laboral con garantías para las personas y fomentar el empleo con políticas económicas efectivas, no contractivas”, pide Joaquín Pérez.

El otro gran error del planteamiento de la recuperación es “la bajada salarial en términos de poder adquisitivo. Los sueldos comenzaron a recuperar su valor en esta década de crisis no por las subidas, sino cuando la inflación se estancó. Los Acuerdos por la Negociación Colectiva han sido un circo sin más efectos que la foto de la firma, al igual que lo está siendo el proceso actual para ampliar los ERTE. Con septiembre ya avanzado y el 30 como último día de protección especial de los ERTE por covid, el paripé bochornoso de anunciar que el Diálogo Social se reúne para acordar que va a reunirse es un insulto para todos los trabajadores y pequeños empresarios que no saben qué será de su vida en tres semanas”, recrimina el secretario general de USO.

 

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