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FEUSO, con más de 1,4 millones de firmas respaldando sus reivindicaciones, vuelve a pedir frente al Congreso diálogo y negociación de la nueva ley educativa

La Federación de Enseñanza de USO ha vuelto a las puertas del Congreso de los Diputados para reclamar diálogo y negociación antes de aprobar la nueva ley de Enseñanza por imposición a la comunidad educativa. FEUSO llega avalada por más de 1.400.000 firmas recogidas a través de la plataforma Más Plurales, que aglutina a organizaciones de todo tipo, desde sindicatos hasta familias, con unas líneas reivindicativas comunes: que se escuche su voz antes de promulgar una nueva ley.

“Los partidos políticos que han diseñado la LOMLOE se han negado de forma explícita a recibirnos. Lo hemos solicitado aquí mismo, por registro. Ayer nos encontramos con que más de 1.100 enmiendas se van a resolver en una reunión y se lleva la votación, con todas las prisas, al pleno del próximo jueves. Para la LOMCE, con 700 enmiendas, hubo 4 reuniones”, explica Antonio Amate, secretario general de FEUSO. “Este Ministerio ha roto su deber de negociación, diálogo y transparencia. Y con esa cojera nacerá la ley, más allá de su contenido”, incide Amate.

Por ello, la USO advierte que dará la batalla hasta el final. “En el último trámite, no vamos a dejar de oponernos a esta caricatura educativa, junto a muchos miles de trabajadores de la educación de distintos centros, de padres y de la sociedad. Trabajadores que ven peligrar sus puestos de trabajo por una nueva ley educativa de partido, que el siguiente inquilino de la Presidencia volverá a cambiar, para hartazgo de los profesionales del sector”, recuerda el secretario general de USO, Joaquín Pérez.

Un traspiés a las grandes políticas de reconstrucción

USO solicita la paralización de la LOMLOE por su precipitación, falta de rigor democrático en su construcción y por no abordar los verdaderos problemas de la educación que sufre nuestro país. “Se trata de una nueva ley cortoplacista, que no aporta gran cosa en términos de calidad, no da el gran paso que deberíamos afrontar ante los retos ya presentes y futuros del mercado laboral, ante el necesario cambio de modelo productivo, ni va acompasada hacia un desarrollo potente tecnológico y un I+D+i sostenible. Un gran error, un traspiés a las grandes políticas de reconstrucción, especialmente en un momento en el que se ha pedido salir unidos de la pandemia”, recrimina Joaquín Pérez.

Para el secretario general de USO, la nueva ley carece de la legitimación del diálogo: “ha sido elaborada sin escuchar a la comunidad educativa, a los profesionales de la educación, ni a los padres. Es una ley contraria al gran Pacto de Estado educativo que dé estabilidad y estrategia común, tan necesarias para un futuro competitivo que saque a este país de la mediocridad laboral. La formación está en la base del empleo, y aquí llevamos décadas de empleo precario, tasas crónicas de paro muy superiores a la de la UE y que condenan, desde la anterior crisis, a que los jóvenes de nuestro país lideren las cifras de paro”.

La nueva ley educativa no pasa la cuarentena del coronavirus

Para USO, tratar de reducir los problemas que atraviesa la educación en nuestro país a un enfrentamiento ideológico de la comunidad educativa compuesta por centros públicos, concertados y privados, a los contenidos de una nueva asignatura de valores cívicos o éticos, la libre elección de centro, la imposición de la educación especial adecuada o de la asignatura de religión, o cuándo y cómo puede repetir un alumno… es un esperpento. Para USO “es necesaria una ley que deje a un lado ideologías y construya sus cimientos en términos académicos, pedagógicos y científicos, que no manosee un derecho básico políticamente. Ahora mismo el problema de calidad, no de pluralidad”, recuerda Joaquín Pérez.

Y en conjunto, el sindicato es muy crítico con la forma en que se ha tramitado en el Congreso: “bajo la sombra del coronavirus, con la sociedad medio anestesiada, con apenas cinco reuniones para tratar más de 1.100 enmiendas, acortando los plazos para trabajar los dictámenes, adelantando su votación final y mandando el paquete exprés al Senado. Nunca se había tramitado una ley educativa así, y eso que por desgracia ya van siete desde 1985. Es la antítesis de cómo debería abordarse una ley de este calado”.