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USO presenta recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para denunciar la concesión directa de subvenciones de formación a UGT y patronales para digitalización

El sindicato USO ha presentado recurso contencioso-administrativo por protección de derechos fundamentales ante el Tribunal Supremo contra la concesión directa de subvenciones de formación a interlocutores sociales para la digitalización del sector productivo.

Estas subvenciones, adjudicadas desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, están destinadas a la cualificación, mejorar la formación y la empleabilidad de trabajadores y desempleados.

USO alega que el Real Decreto que regula las subvenciones para la formación de trabajadores se ha dictado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, puesto que tendría que haberse publicado la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva.

“No basta alegar una situación excepcional y razones de covid-19, para evitar este procedimiento, más objetivo, imparcial. Y, por otro lado, si el procedimiento de concesión directa es ajustado a derecho, el resto de organizaciones sindicales tendrían que ser incluidas también para no vulnerar los derechos de libertad sindical e igualdad, en concordancia con el art. 7 de la Constitución”, explica David Díaz, secretario de Organización y Servicios a la Afiliación de USO.

Concesión directa de subvenciones

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto que regula una concesión directa de un total de 30,6 millones de euros, que se reparten en 15,31 millones para CEOE; 5,1 millones, a Cepyme y 10,2 millones a UGT. CCOO ha rechazado una cantidad que, en principio, ascendía a 7,5 millones de euros.

USO lleva años batallando y solicitando que la Formación para el Empleo se gestione directamente por las administraciones, aunque en ocasiones sea necesaria la ejecución por parte de entidades, pero que sean exclusivamente del ámbito formativo o educativo. “Sin embargo, la única realidad es que estamos asistiendo a una doble privatización, a una intermediación comisionada innecesaria con fondos que son de los trabajadores que se ponen en las cuentas de organizaciones que no deberían estar en la ejecución, sino en la programación y evaluación de las mismas, claramente con unos intereses detrás”, critica Joaquín Pérez, secretario general de USO.

La formación en nuestro país lleva años siendo un desastre, con una eficacia bajísima y en la que se han desperdiciado muchos millones de euros. “El primer error es la programación y toda la estructura de formación en nuestro país. El segundo, que los fondos los gestionen directamente organizaciones que en la mayoría de veces sólo subcontratan las acciones”, apunta Pérez.