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USO advierte de que los PGE cambian de forma solapada la remuneración de los trienios en los funcionarios que han prestado otros servicios en la Administración, contraviniendo la doctrina del Supremo

La Federación de Atención a la Ciudadanía advierte a los funcionarios sobre la Disposición Final Segunda la Ley de Presupuestos Generales del Estado y cómo afecta a sus trienios. Esta recorta “por la puerta de atrás, saltándose la jurisprudencia del Supremo y la normativa aplicada hasta la fecha” las percepciones de los trienios de los funcionarios por servicios prestados anteriormente en la Administración.

Dicha Disposición modifica la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, que recoge el reconocimiento de los servicios previos en la Administración Pública. Pero lo hace sin tener en cuenta las sentencias posteriores del Tribunal Supremo. En sentencia de 21 de mayo de 2019 y recurso de casación de 30 de mayo de 2019, entre otros, el Supremo dictamina que los servicios prestados como personal laboral para la Administración han de ser reconocidos como trienios cuando la persona adquiere con posterioridad el estatuto de funcionario, con las percepciones y condiciones adquiridas.

Los actuales PGE, “en una especie de cajón desastre, que hay que encontrar con lupa”, llama la atención el secretario de Desarrollo Sindical de FAC-USO, José Joaquín Castro, “borran de un plumazo ese derecho. Los Presupuestos dan marcha atrás en lo reconocido por el Tribunal Supremo y se saltan la jurisprudencia unilateralmente. Ahora, dicen que reconocen esos trienios, pero que se cobrarán en función de la escala, Cuerpo o puesto que se asimile a las funciones desarrolladas anteriormente”.

Ante el recorte salarial, FAC-USO anima a los afectados a presentar demandas individuales

Castro explica la diferencia entre una y otra forma de remunerar los trienios con un ejemplo claro: “pongamos que una persona ha sido personal laboral ha cobrado por cada trienio 40 euros mensuales. Al pasar a ser funcionario, la Administración le pagará en función de lo que un funcionario cobre desarrollando las mismas funciones, y no como realmente los cotizó. Puede darse el caso de que como laboral cobrase esos 40 euros por trienio y, una vez funcionarizado, solo 20 por los mismos servicios prestados”.

Luis Deleito, secretario general de FAC-USO, recuerda que “no es nuestra competencia denunciar una ley, pero sí defender los intereses de cada perjudicado. Con la jurisprudencia dictada por el Supremo y estudiada por nuestros servicios jurídicos, caben las demandas individuales de reclamación. Por eso, desde USO hacemos un llamamiento a todos los afectados a denunciar a la Administración si les recorta el sueldo en contra de la ley”.

Si eres uno de los posibles afectados por estos cambios, consulta con nuestros servicios jurídicos especializados en Administraciones Públicas.