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El sindicato USO condena la violencia en Palestina tras los últimos ataques de Israel, que han dejado centenares de heridos y varios muertos. Toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino

Desde USO condenamos la violencia en Palestina ejercida por el ejército israelí, una nueva muestra de violación del derecho internacional y los derechos humanos del pueblo palestino por parte de Israel. Los últimos ataques contra la población han dejado centenares de heridos y varios muertos, entre ellos niños.

Mostramos nuestra solidaridad con Palestina, que lleva décadas soportando actuaciones policiales y militares que se engloban en la lógica de política colonial y de apartheid que practica Israel. Asimismo, denunciamos la criminalización de la solidaridad que realiza Israel con la detención de la cooperante Juana Ruiz, presa desde el 13 de abril.

Las agresiones por parte de Israel se recrudecen

Los incumplimientos del derecho internacional por parte de Israel no cesan y los recientes ataques y violencia en Palestina, contra su población así lo demuestran. En los últimos días, Israel ha cargado contra la población palestina congregada en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, donde han resultado heridas más de 300 personas. Asimismo, unos nuevos bombardeos en Gaza se cobraron la vida de 48 personas, de las cuales 14 eran niños.

La situación de escalada de violencia en Palestina comenzó a raíz de que la Corte Suprema de Israel obligara a cuatro familias palestinas a desalojar los hogares que sus antepasados habitaron durante generaciones en el barrio de Sheikh Jarrah, el último bastión de resistencia palestina en Jerusalén Este. Este hecho forma parte de la estrategia de Israel, desde la ocupación en 1967, de colonizar y expulsar a la población palestina de sus tierras.

Según datos de Amnistía Internacional de 2017, 50 años después de la ocupación de Palestina por parte de Israel, más de 600.000 colonos judíos israelíes viven en tierras palestinas ocupadas. En este tiempo Israel se ha apropiado de más de 100.000 hectáreas de terreno palestino, ha demolido más de 50.000 viviendas en los territorios palestinos ocupados y somete a más de 4,9 millones de palestinos a restricciones de circulación a diario.

El pasado lunes se celebró un acto ultranacionalista israelí, la Marcha de la Bandera, que conmemora la ocupación del este de la ciudad y acabó con más de 300 palestinos heridos por los enfrentamientos con la policía israelí. Esta marcha tuvo lugar en medio de un escenario en el que las autoridades israelíes habían dificultado la celebración del Ramadán, cerrando la Puerta de Damasco para impedir a los palestinos acceder a la mezquita de Al Aqsa para rezar.

Una violencia constante e incesante

Los últimos acontecimientos se engloban dentro de los constantes ataques que sufre la población palestina a causa de las políticas expansionistas de Israel. Construcción de colonias, expolio de los recursos de Palestina, discriminación laboral a la clase trabajadora palestina, el bloqueo indefinido, los bombardeos sobre Gaza… Todo ello en un contexto de pandemia en el que la situación sanitaria de los palestinos se vio empeorada por el bloqueo de Israel para impedir que las vacunas llegaran a los territorios ocupados.

La expulsión de ciudadanos palestinos de Jerusalén del este, como ha sucedido con las cuatro familias, no es un asunto nuevo. La ONU denuncia que en 2020, al menos 218 hogares palestinos en Jerusalén este tuvieron casos de desahucios en su contra en los tribunales. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la transferencia de población civil de la potencia ocupante al territorio que ocupa está prohibida bajo el derecho internacional y podría constituir un crimen de guerra.

Ataques a la solidaridad internacional

A todos los ataques y agresiones a la población hay que añadirle la criminalización de la cooperación en los territorios ocupados. Hace un mes la cooperante española Juani Ruiz fue detenida por el ejército israelí y se halla retenida desde entonces. Juana Ruiz trabaja para la organización sanitaria Health Work Committees (HWC), una ONG que lleva actuando desde 1985 ofreciendo servicios de salud general, urgencias y medicina especializada.

El pasado 6 de mayo, un tribunal israelí acusó a la trabajadora humanitaria de “pertenencia a organización ilegal”, en un intento de criminalizar la cooperación. Este hecho reciente va en la línea que el gobierno en funciones de Netanhayu ha adoptado de acusar a las ONG internacionales de sabotear sus políticas. Cabe recordar que el Tribunal Penal Internacional, del cual es miembro Palestina, ha aceptado investigar presuntos crímenes contra la humanidad cometidos en los territorios palestinos ocupados. A esto hay que añadirle el Informe de Human Rights Watch que tilda de apartheid la deriva colonial israelí en Jerusalén Oriental y Cisjordania.