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El Proyecto de Ley, cuyos objetivos y contenidos USO considera positivos en su conjunto, presenta lagunas en cuanto al personal docente actual de los centros educativos y al tutor de empresa
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El redactado inicial no recoge la red de centros sostenidos con fondos públicos y le da una representatividad exclusiva a los sindicatos mayoritarios
Joaquín Pérez y Antonio Amate, secretarios generales de USO y de la Federación de Enseñanza de USO, respectivamente, han presentado al Congreso de los Diputados las propuestas de enmienda elaboradas por el sindicato a la Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, de cara a su tramitación parlamentaria.
Ambos dirigentes coinciden en que se trata de una legislación con objetivos y contenidos positivos en su conjunto, que trascienden el ámbito meramente educativo, y que buscan aumentar el número de jóvenes que optan por la Formación Profesional para acercarnos a la media de los países de nuestro entorno. Ayudando, a su vez, a alcanzar el nivel adecuado de cualificación de la población activa en relación con las necesidades del mercado laboral, e incrementando la formación de las personas trabajadoras para que puedan recualificarse de forma permanente.
Joaquín Pérez, secretario general de USO, señala que “este planteamiento exige, por lo tanto, rediseñar por completo la Formación Profesional, con base en tres pilares. El primero de ellos, una nueva estructura de la oferta de Formación Profesional integrada, flexible, accesible, acreditable y acumulable. En segundo lugar, un sistema más ágil de acreditación de competencias profesionales; y el tercero, un eficaz servicio de orientación y acompañamiento profesional”.
Además de este necesario rediseño, el texto inicial que llega al Parlamento cuenta con otras lagunas. La Federación de Enseñanza de USO destaca en las propuestas de enmienda presentadas “la apuesta arriesgada de darle a toda la FP el carácter de dual. Creemos que no es nada fácil poder garantizarle a todo el alumnado un puesto de formación en las empresas, especialmente al de los ciclos de grado básico. Además, esto abre otros desafíos en cuanto al personal docente. En primer lugar, no puede poner en riesgo los puestos de trabajo en los centros educativos. Además, debe mantenerse la posibilidad de contar con profesorado técnico en todas las familias profesionales”, señala Antonio Amate.
Esto se une a “la necesidad de definir el estatus laboral del tutor de empresa. ¿Quién puede serlo? ¿Va a necesitar estar acreditado? ¿Cómo se va a resolver su capacitación y dedicación en horas, salario, incentivos…?”, plantea el secretario general de FEUSO.
Joaquín Pérez añade que otras enmiendas a destacar presentadas por el sindicato están relacionadas “con la falta de pluralidad, tanto en el tipo de centros de FP como en la participación sindical en el sector. El Proyecto de Ley no refleja la existencia de centros de formación profesional sostenidos con fondos públicos que, en su mayoría, provienen de los centros subvencionados de FP1 y FP2, con conciertos mantenidos desde la LODE de 1985. Estos centros deben ser reforzados también para garantizar la oferta de plazas gratuitas suficientes”.
Además, Pérez resalta que “el redactado actual de la ley le otorga un carácter exclusivo de representación sindical a las organizaciones sindicales y sociales más representativas. Este modelo atenta, en nuestra opinión, contra los principios de libertad sindical e igualdad, pues excluye a sindicatos que, como USO, cuenta con más del 10% de la representatividad sectorial”.
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