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Ni pensiones ni funcionarios ni SMI: la pérdida de poder adquisitivo generalizada en los ingresos dependientes de la Administración amenaza con un efecto de empobrecimiento general de los salarios
Vivienda, alimentación básica, transporte y restauración. Ninguno de los bienes más necesarios, ni siquiera el ocio más elemental, se libra de la subida de precios. Aunque la vivienda destaca como componente que rebaja el IPC, lo hace porque ha subido menos en comparativa, pero la realidad es que los gastos en vivienda, aupados por la electricidad, han subido un 16,8% con respecto a 2020.
El IPC histórico del 5,5% se dispara especialmente en muchas regiones del interior, con Castilla-La Mancha marcando una subida del 6,6 %.
“Este IPC de noviembre es el que siempre se ha tomado como referencia para la subida de las pensiones, por ejemplo, o para negociar el salario de los empleados públicos. Sin embargo, el nuevo índice de revalorización de las pensiones dejará la subida en menos de la mitad y la subida a los funcionarios se fijó, vía PGE, en un 2 %. Esto se une a la subida de décimas del SMI en 2021, que aún no llega a los 1.000 euros prometidos hace dos años ni mucho menos a los parámetros que aconseja Europa”, repasa Joaquín Pérez, secretario general de USO.
Por ello, “sin estas referencias públicas y con una reforma laboral a medias y a oscuras, la negociación colectiva va a quedar muy debilitada para poder alcanzar una subida salarial que no suponga una pérdida de poder adquisitivo”, apunta Pérez.
Poco a poco, “comenzamos a ver cómo el alza del precio de la energía y los combustibles ya se repercute en otros bienes, con lo cual es necesario darle un impulso a las rentas más vulnerables: desde las pensiones más bajas al SMI, pasando por el IPREM y el IMV”, pide el secretario general de USO.
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