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USO critica que los incumplimientos y retrasos en la valoración de los casos y el deterioro del sistema de dependencia agrava la desigualdad de género

El Observatorio de Dependencia Estatal revela que 13 comunidades autónomas incumplen los plazos legales en la resolución de los expedientes de dependencia. USO denuncia que dichos incumplimientos son fruto de la falta de inversión en el estado de bienestar y que el deterioro del sistema de dependencia ha agravado la desigualdad de género.

Según el XXII Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, publicado en marzo de 2022, trece de las diecisiete comunidades autónomas están incumpliendo la normativa estatal de dependencia, que fija un máximo de seis meses para resolver los expedientes. Aproximadamente, un 3% de la población española necesita apoyo o asistencia para poder desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, según el informe. Pero, a pesar de ello, y aunque el número de personas en espera de atención ha disminuido en los últimos dos años, a finales de 2021 había una lista de espera de 193.346 personas. Esta cifra supone el 13,66 % de las personas cuyo derecho ha sido reconocido. Es decir, 6 de cada 10 personas han recibido una valoración de su dependencia, pero aún no han recibido la prestación o el servicio al que tienen derecho. El resto, todavía están pendientes de recibir una valoración.

El tiempo medio de resolución de peticiones fue de 14 meses en 2021, habiendo una gran diferencia entre comunidades. Las cuatro comunidades que cumplieron fueron Castilla y León, Euskadi, Cantabria y Baleares. Entre las que no cumplieron, Navarra y La Rioja resolvieron en menos de 250 días, mientras que en Andalucía, Cataluña, Murcia, Extremadura o Canarias tardan más de 18 meses. En esta última hay más de dos años y medio de espera.

Recortes, origen del deterioro del sistema de dependencia

En 2012, en un contexto de crisis económica, se inició un periodo de recortes en el sistema de dependencia. Una de las consecuencias de estos recortes fue el aumento de burocracia, lo que cada día dificulta el acceso de muchas personas a los trámites de dependencia.

El sistema de dependencia empezó a recuperarse aproximadamente en 2015, pero volvió a retroceder en 2019, y continuó haciéndolo en 2020 a tenor de la pandemia, cuando 317.942 personas se quedaron atascadas en las listas de espera. Muchas de ellas abandonan la lista de espera con su fallecimiento. Sin ir más lejos, durante 2021 murieron 46.300 personas en las listas de espera de la dependencia; 18.356 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 27.944 sin haber podido ejercer sus derechos por condición de dependencia. El informe denuncia que “más de 127 personas dependientes fallecen diariamente sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios”.

La actividad asistencial también se ha deteriorado durante la pandemia y aún sigue sin recuperarse totalmente. En 2021, muchas de las comunidades no han recuperado las plazas ni de atención residencial ni de centro de día perdidas por la pandemia. Madrid y Castilla y León aún no han recuperado ni unas ni otras.

Plan de choque para la recuperación del sistema de dependencia

Para hacer frente a esta situación, el Ministerio de Derechos Sociales puso en marcha un Plan de Choque en Dependencia para el periodo 2021-2023, que las comunidades aprobaron hace algo más de un año y cuya inversión es de 3.600 millones de euros.

El éxito de este plan se ha materializado en un importante aumento de las personas atendidas en 2021, 97.912 más que en 2020. Y también, en la mejora de la intensidad media del Servicio de Ayuda a Domicilio, pasando la media mensual de horas de 33,45 a 39,6 de 2020 a 2021.

Pero a pesar del relativo éxito del plan de choque, la burocracia sigue siendo de lo más farragosa para acceder a los servicios, y las diferencias entre las CCAA siguen siendo notables tanto en cobertura como en modelos de gestión:

  • 760.000 personas todavía no han recibido atención.
  • La lista de espera se ha reducido tan solo en un 16,7%.
  • No se ha establecido la teleasistencia como un derecho subjetivo y accesible; los asuntos judicializados en dependencia aún deben solucionarse en la jurisdicción contencioso-administrativa, cuyo funcionamiento es deficiente; y los tiempos de espera para recibir atención todavía son altísimos.
  • La prestación media ha empeorado en 2021, aunque ya era insuficiente, por lo que la mayoría de las familias que acceden a prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio, se ven obligadas a realizar un copago.
  • En 2021 no se ejecutó totalmente el presupuesto aprobado para el Sistema de Atención a la Dependencia.

Un aumento de la desigualdad de género

Otro motivo de preocupación es que sigue sin aplicarse la perspectiva de género en el impacto negativo de los recortes y la pandemia en el sistema de dependencia. Actualmente se dan unos tiempos especialmente prolongados a la hora de acceder a las prestaciones y servicios. Mientras esa ayuda llega, son las familias las que se encargan del cuidado de la persona que lo necesite, especialmente las mujeres. Un 74,2 % de las cuidadoras familiares son mujeres y el 23,8 % son madres. Solo en el 3,2 % de los casos son padres.

¿Qué implica, entonces, que el sistema público no atienda a tiempo a las personas que lo necesitan? El primer síntoma claro es un aumento de la desigualdad de género. Recordemos que las mujeres que trabajaron con jornada parcial durante 2021 por motivos de cuidado de familiares fueron un 16,29 %, frente al 2,68 % de hombres.

Invertir en dependencia es invertir en igualdad de género

Desde USO queremos denunciar una situación que, desafortunadamente, no es novedosa. Desde hace años, acceder a la resolución de los expedientes de dependencia es un proceso largo, cansado y desesperante. Muchos dependientes mueren antes de recibir la atención que necesitan.

Tras la puesta en marcha del plan de choque para el periodo 2021-2023, se debería reforzar el sistema de dependencia, de tal manera que se blinden los derechos de los ciudadanos que en algún momento tengan que recurrir a él. Es una cuestión de solidaridad intergeneracional ya que la mayoría de personas que solicitan prestaciones o servicios relacionados con dependencia son mayores.

Además, la desigualdad de género que provoca un deterioro en el sistema de dependencia, evidencia la necesidad de realizar cambios urgentes en el sistema de cuidados español para fomentar la igualdad de género.