La cifra mundial de refugiados alcanza en 2022 un nuevo récord: 100 millones de personas se encuentran en situación de desplazamiento forzado
Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar, junto con Palestina, son los principales países de origen de refugiados, mientras que República Democrática del Congo, Etiopía y Afganistán son los que tienen un mayor volumen de desplazamientos internos. A esto hay que sumarle la situación de desplazamiento forzado de millones de ucranianos a raíz de la invasión rusa.
En el Día Mundial del Refugiado, USO se suma a la denuncia realizada por las ONG defensoras de los derechos de las personas refugiadas acerca de la situación que viven miles de personas que se encuentran en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, así como en las islas griegas. Exigimos, además, que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas en situación de desplazamiento forzado.
Aumenta el número de personas en situación de desplazamiento forzado
Según el último informe de CEAR, en junio de 2021 había un total de 85,8 millones de personas desplazadas de manera forzada debido a la violencia, las violaciones de los derechos humanos, las guerras y las persecuciones. A este dato hay que añadirle las millones de personas desplazadas forzosamente a causa del conflicto en Ucrania en 2022, que representan más de 6 millones de personas refugiadas y a más de 7 millones de personas desplazadas internamente. A mediados de este año, según datos recientes de ACNUR, ya se habría batido el récord de más de 100 millones de personas desplazadas forzadas en el mundo.
En 2021, un 68 % de las personas forzadas procedían de 5 países: Siria (6,8 millones), Venezuela (4,1 millones), Afganistán (2,6 millones), Sudán del Sur (2,3 millones) y Myanmar (1,1 millones).
Los países que más personas refugiadas han acogido han sido: Turquía (3,7 millones), Colombia (1,7 millones), Uganda (1,5 millones) y Pakistán (1,4 millones). En total, el 86 % de las personas desplazadas forzosamente son acogidas en los países más empobrecidos.
A estas cifras hay que añadir las personas desplazadas como consecuencia del cambio climático y de la degradación medioambiental en todo el mundo, provenientes en su mayoría de los países del Sur Global. Para el año 2050, se estima que podrían superar los 250 millones de personas. Actualmente, el vacío normativo existente para la protección de estas personas es preocupante. Esto podría resolverse en parte en el ámbito de la UE con la inclusión de mecanismos de protección específicos dentro del Nuevo Pacto Europeo de Asilo y Migración.
Los refugiados en la UE y en España
En la UE el número de personas que solicitaron protección internacional aumentó con respecto al año pasado, pasando de las 472.395 personas a las 630.630. Alemania fue el país que más peticiones recibió (190.545), seguido de Francia (120.685) y España (65.404). Los principales países de origen fueron Siria, Afganistán e Irak.
La tasa media europea de reconocimiento de protección se situó en un 35 %; mientras que la española aumentó con respecto al año anterior, pero se queda muy por debajo de la media europea con un 10%.
En España, según el informe de CEAR, se produjo una reducción del 26 % con respecto al 2020 de personas que solicitaron protección internacional, debido en parte a las restricciones de movimiento adoptadas como consecuencia de la pandemia. Aunque Colombia y Venezuela siguen siendo las nacionalidades, por tercer año consecutivo, que más peticiones realizan, se observa un cambio de tendencia hacia personas de origen africano; principalmente hombres jóvenes con trayectos migratorios en solitario. De esta manera, el resto de nacionalidades que concentran las peticiones son Marruecos, Mali, Senegal, Perú, Honduras, Pakistán, Afganistán y Nicaragua. La mayoría de personas solicitantes fueron hombres (64 %) frente al 36 % de mujeres.
Las negociaciones del Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo
En lo relativo al Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, este ha recogido pocos avances en sus negociaciones a lo largo de 2021. Las principales divergencias se sitúan en torno a las cuestiones relativas a la solidaridad y la responsabilidad compartida entre países; con especial diferencia entre los países del sur y los de Visegrado. La propuesta está enfocada en la externalización de fronteras y el refuerzo de los retornos, incluyendo una mecanismo de solidaridad a la carta a través del cual los Estados pueden pueden elegir contribuir a través de compromisos no obligatorios de reubicación o financiando retornos de terceros países.
Un aspecto llamativo ha sido la respuesta dada este año por parte de la UE ante la situación, con la invasión de Ucrania, de mayor éxodo de personas refugiadas desde la II Guerra Mundial en Europa. La UE aprobó inmediatamente la activación de la Directiva de Protección Temporal, lo que demuestra que con voluntad por parte de los gobiernos se puede dar una respuesta común.
Gestionar el asilo respetando los derechos humanos
En Europa la gestión migratoria y de las personas solicitantes de asilo sigue siendo vergonzosa en muchos puntos. En la frontera sur de Europa se ha producido la muerte de casi 2.000 personas. Esto si se tiene en cuenta únicamente las contabilizadas, ya que el número de desaparecidos es mucho mayor.
En la frontera de Polonia y Bielorrusia la situación es crítica también, especialmente en los meses de invierno. Muchas de las personas concentradas en esta frontera en condiciones infrahumanas reclaman el derecho de asilo. Sin embargo, la respuesta de Europa ha sido la construcción de un muro de 5×5 metros de altura.
La situación en las islas griegas también empeora, con la construcción de campos de refugiados de extrema seguridad como el inaugurado en la isla de Samos. La salud mental de los refugiados en estos campos se deteriora gravemente, con un aumento de los pensamientos suicidas, como recoge la ONG Médicos sin Fronteras.
USO exige que Europa aplique otra forma de gestionar la migración y las peticiones de asilo, una que respete los derechos humanos. El Pacto Mundial sobre los Refugiados, aprobado en 2018 por las Naciones Unidas, debería guiar la política migratoria y de asilo en la Unión Europea. Este Pacto representa un marco para la distribución previsible y equitativa de la carga y la responsabilidad entre los países, reconociendo que una solución sostenible a las situaciones de refugiados no se puede lograr sin la cooperación internacional.
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