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Los sindicatos USO y SITCPLA se dirigen a los Ministerios de Trabajo y Transportes para que proteja los derechos de los tripulantes de Ryanair y de sus pasajeros

USO y SITCPLA reclaman la intervención urgente del Gobierno frente al conflicto en Ryanair. La quinta jornada de huelga en julio de los tripulantes de cabina de Ryanair en España se ha saldado con 10 vuelos cancelados y 266 retrasos acumulados a lo largo del día de hoy en los diez aeropuertos en los que opera la compañía irlandesa.

Desde que se iniciara la primera convocatoria de huelga en el mes de julio, son ya 285 los vuelos cancelados; 2.384 retrasos; más de 50.000 pasajeros afectados; 8 trabajadores despedidos por ejercer su derecho a huelga y más de 70 procesos disciplinarios abiertos contra los trabajadores.

Es imprescindible que el Gobierno de Sánchez actúe

Tanto USO como SITCPLA consideran que la intervención del Gobierno se hace imprescindible para resolver el conflicto y para obligar a Ryanair a cumplir con la ley. Gran parte del problema es la ausencia de acción por parte del Ministerio de Trabajo y de Transportes, su indiferencia, que solo beneficia a una empresa que basa su negocio en la vulneración de derechos, tanto de sus trabajadores como de sus pasajeros.

“Solo reclamamos el cumplimiento de la legislación laboral y que la empresa vuelva a sentarse con nosotros para cerrar un convenio colectivo para los tcp. No pedimos subidas de salario del 167 % como argumenta Ryanair, sino actualizaciones salariales que van desde el 8 % para las categorías superiores hasta el 16 %, para aquellos trabajadores que ni siquiera llegan al SMI, como ya ha acreditado Inspección de Trabajo en bases como Girona. Además, la Audiencia Nacional ya condenó a Ryanair por recortes salariales ilegales al inicio de la pandemia, que deben ser restablecidos, algo que Ryanair pretende someter a negociación”, defienden los sindicatos.

Para conseguir que el Gobierno actúe se han dirigido peticiones a los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que han sido ignoradas.

Por este motivo, se ha solicitado también al Defensor del Pueblo que intervenga para que los ministerios intermedien para la resolución del conflicto o, al menos, argumenten su negativa a actuar contra Ryanair y proteger los derechos de 1.500 tripulantes y miles de ciudadanos.