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La nueva ley contra la trata, que inicia su tramitación, pone a las víctimas en el centro y fortalece la normativa laboral en sectores sensibles a través de Inspección

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos para remitirla al Congreso e iniciar el trámite parlamentario para su aprobación. El Gobierno espera que en un año la norma haya pasado por el Congreso y el Senado y se apruebe.

El objetivo de esta ley no es otro que proteger a las víctimas de cualquier forma de trata, es decir, de cualquier explotación, ya sea sexual o laboral, de la mendicidad y el tráfico de órganos, trabajo forzoso, servidumbre o esclavitud, y contempla medidas de protección, asistencia, reinserción y reparación.

Incorpora la prevención y la sensibilización, estableciendo medidas en los ámbitos educativo, sanitario, de publicidad y medios de comunicación y, como novedad, la adopción de dichas medidas en el ámbito del sector privado y empresarial, para evitar la explotación.

Aunque se han producido grandes avances en España en materia de género, la trata sigue siendo un problema central sin resolver. Lo que se había conseguido hasta ahora había resultado completamente insuficiente. Por tanto, desde USO valoramos esta futura ley que termina con la dispersión normativa existente en la actualidad, que supone un gran avance en el fortalecimiento de las normas laborales en los sectores más sensibles con la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Los derechos de las víctimas de trata, en el centro de la ley

Para proteger los derechos de las víctimas, la Ley de trata crea el Mecanismo Nacional de Derivación (MND). Será el órgano encargado de derivación de las presuntas víctimas de trata. Y una Relatoría Nacional sobre Trata y Explotación de Seres Humanos, dependiente del Ministerio del Interior.

Entre los derechos que se reconoce en esta ley a las víctimas de trata se encuentran:

  • derecho a una protección y asistencia especializadas. La información que recibirán las víctimas será en su propio idioma.
  • derecho a ser derivadas de forma inmediata a los servicios especializados de asistencia y protección, y derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo.
  • derecho a la privacidad y a la protección de la identidad y a la asistencia jurídica gratuita.
  • derecho a la inserción social y laboral.
  • derecho a acceder a la prestación del ingreso mínimo vital y el acceso a la vivienda.
  • derecho a la reparación integral y el derecho a una compensación económica adecuada en forma de indemnización.

La protección que estos derechos otorga a la víctima no está vinculada a que se interponga denuncia.

La ley contempla también una especial protección de menores víctimas de trata y explotación, reconociendo el derecho a una protección y asistencia especializadas, con un procedimiento ágil, especializado y bajo el principio del interés superior del menor. Por otro lado, se garantiza la información y participación de los menores en los procedimientos y la continuidad de la asistencia y protección una vez alcanzada la mayoría de edad. También se prevén medidas específicas para los menores no acompañados y la no repatriación por interés superior del menor.

La Ley de trata recoge penas de cárcel para los explotadores sexuales de uno a cuatro años, o de 5 a 8 años de cárcel para los autores del delito de trabajo forzoso.