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El Día contra el Trabajo Infantil coincide con la apuesta europea por la diligencia debida de las empresas, para que respondan ante vulneraciones de los derechos humanos

Cada 12 de junio se celebra el Día contra el Trabajo Infantil, para concienciar sobre la situación de millones de niños y niñas en todo el mundo que se ven obligados a trabajar en condiciones peligrosas y perjudiciales para su desarrollo.

La ropa que llevamos o los móviles que usamos pueden haberse producido mediante el trabajo infantil, que representa un mal endémico en el mundo laboral.

Este año, este día internacional contra el trabajo infantil coincide con la aprobación, el pasado 1 de junio, de una nueva directiva europea sobre diligencia debida de las empresas. Éstas deben responder ante vulneraciones tan graves a los derechos humanos como es el caso del trabajo infantil.

USO valora positivamente la aprobación de esta directiva al suponer un gran avance sobre las responsabilidades en materia de derechos humanos de las empresas de mayor tamaño de la UE, aunque aún existen aspectos importantes por incluir como la responsabilidad de las empresas del sector financiero.

El trabajo infantil, un mal endémico

El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se estableció por la Organización Internacional del Trabajo con el objetivo de concienciar sobre la situación de millones de niños en todo el mundo que se ven obligados a trabajar en condiciones peligrosas y perjudiciales para su desarrollo físico, mental y emocional.

El trabajo infantil afecta a millones de niños y niñas, privándoles de su derecho a la educación, a una infancia adecuada y a desarrollar plenamente su potencial. Muchos de estos niños son sometidos a trabajos pesados, peligrosos y que no se corresponden con su edad, lo que pone en riesgo su salud y su bienestar.

A pesar de los esfuerzos internacionales por combatir esta problemática, se estima que aún existen alrededor de 152 millones de niños trabajadores en el mundo, de los cuales casi la mitad se encuentran en situaciones de trabajo peligroso.

El riesgo para los niños y niñas sigue estando muy extendido en las cadenas mundiales de suministro, así se recoge en el informe elaborado por Save The Children junto con The Centre for Child Rights and Business (Centro para los Derechos de la Infancia y la Empresa). El análisis demuestra que la inmensa mayoría de los casos de trabajo infantil están ocultos en los niveles más profundos de las cadenas de suministro y en los sectores informales de la economía. Los actuales mecanismos de control de la mayoría de las empresas a menudo sólo conducen a la redistribución del trabajo infantil, no a su eliminación. Por ello, la insuficiencia de ingresos familiares y los elevados costes de la educación aumentan el riesgo de trabajo infantil en todos los sectores. Y la falta de formalización en las economías locales lo acentúa más si cabe.

Entre las principales conclusiones de este informe podemos destacar:

  • El trabajo infantil es un mal endémico. Se encontraron pruebas directas de trabajo infantil en 10 de 20 evaluaciones y se observó un riesgo muy alto de trabajo infantil en 8 de las 10 evaluaciones restantes. La mayoría de los casos de trabajo infantil se ocultan “bajo la superficie”, en los niveles más profundos de las cadenas de suministro y en los sectores informales de la economía. Los niños que realizan trabajos fuera de casa son especialmente vulnerables a la explotación, con salarios más bajos y jornadas laborales más largas. Los actuales mecanismos de control de la mayoría de las empresas contribuyen poco a reducir el trabajo infantil, trasladándolo a las partes invisibles de las cadenas de suministro. Cuando se reporta el trabajo infantil, pocas empresas tienen sistemas que permitan al menor salir de esta situación.
  • Los bajos ingresos y los elevados costes de la educación impulsan el trabajo infantil. Los salarios de los trabajadores y agricultores de todos los sectores están muy por debajo de los salarios o ingresos de una familia media en todos los países evaluados, atrapándolos en la pobreza y negando a los niños su derecho a la educación básica. Cuanto mayor es la brecha, mayor es la dificultad para cubrir las necesidades básicas de sus familias. Esta situación se agrava aún más por los elevados costes relacionados con la educación. Por ello, los niños suelen trabajar para poder pagar la escolarización de ellos mismos o de sus hermanos.
  • La falta de formalización multiplica los riesgos para los derechos de la infancia. Todas las cadenas de suministro dependen en gran medida de la mano de obra informal. En el sector agrícola, esto es especialmente cierto en el caso del trabajo a corto plazo durante las cosechas. En el sector manufacturero, en las estructuras semiinformales en las que se contrata a trabajadores como trabajadores temporales. El problema de todas estas formas de trabajo informal es que suelen implicar salarios bajos, privación del acceso a la seguridad social y carencia de protección sanitaria y de seguridad. En consecuencia, es un entorno en el que los trabajadores especialmente jóvenes no reciben protección y donde aumenta el riesgo de trabajo infantil.
  • La juventud es marginada por las políticas de tolerancia cero. Los trabajadores jóvenes, que superan la edad mínima para trabajar, pero son menores de 18 años, suelen quedar completamente excluidos en las fábricas de primer nivel, ya que éstas interpretan la “norma de cero trabajo infantil” de sus clientes como una “política de cero menores de 18 años”. Estos jóvenes trabajadores se ven abocados a realizar trabajos peligrosos en sectores menos regulados. La exclusión de los jóvenes trabajadores del sector formal puede aumentar considerablemente el riesgo de que caigan en el trabajo infantil. En los raros casos en que los jóvenes trabajadores son contratados por proveedores directos, existe una grave falta de capacidad en los centros de trabajo para protegerlos.
  • Problemas frecuentes en determinados sectores. La industria manufacturera no cuenta con guarderías, obligando a muchos trabajadores a dejar a sus hijos al cuidado de la familia extensa. Esto incide en la mayor probabilidad de acabar abandonando la escuela y entrar al mercado laboral, al no contar con el apoyo y los cuidados parentales necesarios. En la agricultura, los trabajadores dependen de la contribución de sus hijos en sus explotaciones familiares. En algunos casos perturba la educación de los niños que tienen que faltar a clase en época de cosecha. Aunque, sin duda, la peor forma de trabajo infantil se encuentra en la minería. En este caso, los niños suelen encontrarse en condiciones de extrema pobreza y están expuestos a este tipo de trabajo subterráneo en aire contaminado en condiciones inseguras.

¿Cómo afecta la aprobación de la debida diligencia al trabajo infantil?

La Plataforma por Empresas Responsables, de la que forma parte USO, define la debida diligencia como un proceso por el cual las empresas toman las medidas necesarias y eficaces para identificar, prevenir, mitigar, rendir cuentas y responder por los impactos negativos, reales o potenciales de sus propias actividades o de las de sus cadenas de valor. Esto incluye a las filiales, subcontratas, proveedores y otras relaciones económicas, en el estado de procedencia o en terceros países.

El pasado 1 de junio, el Parlamento Europeo votó a favor de una nueva directiva sobre diligencia debida de las empresas, lo que supone una buena noticia a la hora establecer una serie de normas para que las empresas identifiquen, prevengan y actúen ante un posible impacto negativo de su actividad, incluyendo el causado por los socios de su cadena de valor, como suministradores, encargados de venta, distribución, transporte o gestión de residuos, entre otros. Uno de estos impactos más negativos, es el trabajo infantil.

El Parlamento Europeo ha votado para que las nuevas normas se apliquen a las empresas con sede en la UE que tengan más de 250 empleados y una facturación superior a 40 millones de euros, así como a las matrices de más de 500 empleados y 150 millones de euros de facturación global. Las empresas europeas con una facturación de más de 150 millones de euros, de los cuales al menos 40 millones hayan sido generados en la UE, también quedarán cubiertas.

La propuesta de directiva incluye sanciones para las empresas que no cumplan estas reglas. Se trata de multas de al menos un 5 % de la facturación global de estas empresas, mientras que las empresas no comunitarias que violen las normas quedarían excluidas de las licitaciones públicas de la UE.

Un gran avance en la regulación de la protección de los DDHH

USO valora el texto aprobado ya que supone un gran avance en la regulación de una materia trascendental para la protección de los derechos humanos. Uno de los aspectos más positivos es que permitirá que los tribunales de los Estados miembros exijan información a las empresas que han causado presuntamente daños. Gracias a esto, será más fácil pedir cuentas a las empresas por abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente.

Otro aspecto positivo, es la inclusión del sexo y la raza y otros factores, en la definición de colectivos vulnerables, además de la perspectiva de género en las consultas de partes interesadas y mecanismos de reclamación.

Sin embargo, existen algunas exclusiones relevantes en el texto, que impiden pedir a las empresas del sector financiero responsabilidades por abusos contra los derechos humanos y daños al medio ambiente. Tampoco se han incluido los posibles abusos de las empresas a los derechos humanos derivados del uso indebido de sus productos.