Cinco prioridades para conseguir la justicia fiscal en Europa: la Plataforma por la Justicia Fiscal insta a la presidencia española a instaurar cinco medidas urgentes
La Plataforma por la Justicia Fiscal, de la que USO es miembro, ha enviado una carta a La Moncloa con las cinco prioridades tributarias que deben guiar la próxima presidencia española del Consejo de la UE. USO, junto con el resto de organizaciones miembro, instan a la presidencia española a luchar contra el fraude fiscal y apostar por una mayor progresividad tributaria.
Cinco prioridades tributarias que deben guiar la presidencia española
La Plataforma por la Justicia Fiscal estatal y las plataformas autonómicas han enviado una carta a Moncloa con las cinco prioridades tributarias que deben guiar la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que ha empezado el 1 de julio.
Para la Plataforma, el objetivo esencial del proyecto europeo es la mejora de la calidad de vida de toda su ciudadanía: “poniendo especial énfasis en reducir todo tipo de desigualdad y discriminación”. Para esto, es necesaria la justicia fiscal, que se traduce en un nivel suficiente de ingresos públicos que financien debidamente las políticas del Estado de bienestar (sanidad, educación, pensiones, servicios sociales); y en la progresividad de las aportaciones. Es decir, que paguen proporcionalmente más quienes más pueden permitírselo por su renta o riqueza.
La primera prioridad de la Presidencia, según la Plataforma por la Justicia Fiscal, ha de ser cerrar un acuerdo para el nuevo marco fiscal de la Unión Europea. Un marco que incluya mecanismos permanentes de financiación común para invertir en la transformación estructural de las economías y en la cohesión social.
Justicia fiscal: sin guaridas ni paraísos
Mejorar la lucha contra el fraude e impedir la existencia de las guaridas o paraísos fiscales también debería ser objetivo fundamental de esta presidencia española.
La Plataforma insiste en la importancia de armonizar la estructura fiscal de los Estados miembros, con una base imponible consolidada común y un tipo mínimo en el impuesto de sociedades. Y, en particular, armonizar la tributación de las grandes empresas para evitar el dumping fiscal. Para ello, se solicita la introducción de impuestos a los beneficios extraordinarios que obtienen las empresas de algunos sectores en momentos específicos, de modo que la recaudación de estos impuestos revierta en el aprovechamiento de la sociedad financiando, por ejemplo, necesidades extraordinarias de gasto relacionadas con la digitalización o la transición verde.
En este punto de la carta, también se aboga por implementar, de inmediato, un impuesto sobre las transacciones financieras a nivel europeo, la conocida popularmente como “tasa Tobin”.
El quinto y último objetivo de la presidencia española habría de ser el fortalecimiento del Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS), introducido hace ya seis años, pero de avances muy limitados.
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