La temporalidad del sector público en la Comunidad Valenciana ha aumentado, desde 2019, en cuatro puntos: hoy, uno de cada tres empleados públicos valencianos es temporal, el 32,4 %. Una cifra de temporalidad en la Administración que contrasta con la bajada en el sector privado: ahí, tras una ligera subida en 2022, se ha rebajado a menos de la mitad desde 2019.
No obstante, Joaquín Pérez, secretario general de USO, hace hincapié en que “no todos los contratos indefinidos, al final, son un trabajo realmente estable. A nivel nacional, hemos visto cómo la duración media de los contratos ha caído en 9 días en dos años, hasta solo 44 días. Y, de hecho, aquí en Comunidad Valenciana se observa en los fijos discontinuos inactivos. Sí, tienen un contrato indefinido, pero la realidad es que hay casi 100.000 personas que no computan como parados y realmente lo están, al tener un contrato laboral sin estar realmente trabajando. Es el doble que en 2022, cuando ya comenzó esta tendencia”.
Según el informe sobre el “Análisis laboral de la Comunidad Valenciana”, elaborado por el Gabinete de Estudios de USO y que compara la situación de 2023 con 2019, la Comunidad está ligeramente mejor que entonces en algunos parámetros, pero ya ha empeorado con respecto a 2022 en otros. Por ejemplo, la tasa de paro es un punto mayor que el año pasado, del 13,78 %, y está también por encima de la media nacional en medio punto.
Maica Imbernón, secretaria general de USO-Comunidad Valenciana, señala un colectivo especialmente precarizado: “los jóvenes vuelven a tener una tasa de paro superior al 30 %, después de reducirse ligeramente el año pasado. 3 de cada 10 jóvenes valencianos están en el desempleo, 4.500 más que en 2019. El mercado laboral sigue sin dar oportunidad a nuestros jóvenes”.
Además, las mujeres suponen prácticamente 6 de cada 10 parados: el 56,8 %.
Los asalariados, los que más poder adquisitivo pierden
Todos los valencianos han perdido poder adquisitivo en estos cuatro años: asalariados, pensionistas y empleados públicos. Sin embargo, los más perjudicados han sido los asalariados.
En concreto, el IPC ha sido 4,24 puntos mayor que las subidas pactadas por convenio en estos años. “Un mazazo para las familias, pero es peor aún si lo analizamos por años. En 2019, los salarios fueron ligeramente mejores que el IPC, pero aún no nos habíamos recuperado de la pérdida de poder adquisitivo de la anterior crisis. Y, de repente, la hiperinflación de 2021 y 2022 se salda con un IPC del 12,3 % y una subida salarial del 5,29 %, mucho menos de la mitad”, expone Imbernón.
“Necesitamos un diálogo social diferente, más abierto y plural. El diálogo social, tal como lleva casi medio siglo instituido en España, nos ha traído hasta aquí. A USO no le gusta que crezca el paro, que aumente la temporalidad, que bajen los salarios. Necesitamos una negociación colectiva fuerte”, reivindica la secretaria general de USO-CV.
Joaquín Pérez abunda en que, además, “no se trata solo de que el salario se devalúe con respecto al IPC. En los últimos años, estamos asistiendo a la proliferación de contratos a jornada parcial. Aumentan más que los de jornada completa y también crecen más los discontinuos, que tampoco son jornadas anuales completas. No es que un trabajador cobre 4 puntos menos que hace cuatro años, es que, además, cobrará el 70, el 50 o el 40 % de ese salario devaluado”.
Por ello, Pérez insiste en “algo que en USO defendemos conforme se ha ido consolidando la pérdida generalizada de horas de trabajo: la jornada completa ya no deben ser 40 horas. Si hay un récord de 22 millones de cotizantes y se trabajan 78 millones de horas menos que hace cuatro años, está claro que los procesos digitales han reducido el tiempo necesario: repartamos mejor ese tiempo de trabajo sin penalizar los salarios”.
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