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USO pide que se mejoren las condiciones de espera y se agilicen los plazos de resolución para garantizar los Derechos Humanos en la crisis migratoria de Barajas

Debido a la crisis migratoria que está aumentando la presión en Barajas, USO pide que se mejoren las condiciones de los demandantes de asilo y que se respeten los Derechos Humanos en el aeropuerto. El aeropuerto de Barajas se encuentra desbordado por la multitud de personas migrantes que esperan para solicitar protección internacional. La situación es grave, ya que las personas solicitantes de asilo se encuentran en condiciones inhumanas de hacinamiento. Sin embargo, la respuesta a esta espera, en lugar de contar con más personal para agilizar los plazos, es enviar a policías antidisturbios para actuar en potenciales enfrentamientos.

Desde hace varios días, las salas de asilo se encuentran colapsadas. Esto se debe a la presencia de más de 400 personas procedentes de África, principalmente. Estas personas se amontonan en espacios insalubres y reducidos, que han cuadruplicado su capacidad de aforo en las distintas terminales del aeropuerto. Esto ha provocado que empezaran a ocupar también las zonas comunes del área internacional, a lo que se respondió con una nueva sala de espera que esperamos que cumpla con unas condiciones mínimas de comodidad para mejorar la estancia transitoria de todas estas personas.

Tiempos de espera inasumibles para la petición de asilo

La solicitud de asilo otorga a las personas solicitantes la posibilidad de permanecer en territorio español mientras se estudia su petición. Este procedimiento debería durar días. Actualmente, ante la saturación de los servicios, el trámite se está demorando semanas.

Lo más alarmante es que, durante el proceso, no se garantiza un trato digno. La acogida está transcurriendo en condiciones indignantes y no se proporciona una adecuada asistencia letrada. En muchos de los casos, las solicitudes de asilo no están siendo analizadas correctamente. Así, no se respetan los requisitos mínimos establecidos en la legislación en materia de asilo ni las directivas europeas, dejando de lado las garantías mínimas a las que está obligada España respecto a la población migrante, de acuerdo con los instrumentos internacionales vigentes.

Esta situación ha sido denunciada por diversas instituciones clave en la protección internacional, como la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y organizaciones no gubernamentales, así como por la asistencia legal de las personas migrantes.

Un procedimiento más garantista con los DDHH

El resultado es de gran impacto. En Barajas, se están violando Derechos Humanos de manera flagrante, y la respuesta institucional se centra en medidas de seguridad, en lugar de proteger los derechos de las personas migrantes.

ACNUR ha señalado reiteradamente que las solicitudes de asilo deben ser admitidas a trámite para que las personas migrantes puedan ingresar al territorio español y se lleve a cabo el procedimiento ordinario, garantizando una acogida digna. Pero las condiciones de acogida en Barajas están teniendo un impacto negativo en la población migrante para la formalización y tramitación del procedimiento.

Por ello, consideramos que se deben priorizar las garantías del procedimiento y valorar adecuadamente los riesgos que enfrentarían las personas solicitantes en caso de retornar a su país de origen. Del mismo modo, se debe evitar prolongar la estancia de las personas migrantes en los puestos fronterizos, ya que las condiciones de acogida son inhumanas.

Sin condiciones para el trabajo directo con los demandantes de asilo

El Defensor del Pueblo ha alzado la voz también por los migrantes y ha realizado varias visitas a Barajas. En ellas, ha señalado serias deficiencias en la acogida a migrantes, ha documentado la situación de las personas que duermen en el suelo, plagas de chinches y alimentación deficiente. Por todo ello, ha solicitado que se respeten los derechos de las personas solicitantes de asilo.

Debemos recordar, además, que la Cruz Roja abandonó Barajas y sus labores de atención sociosanitaria a personas solicitantes de asilo debido a las condiciones infrahumanas en las que se encuentran las personas solicitantes. Y denunció la falta de condiciones para poder realizar su labor con personas migrantes.

El balance en Barajas es, a todas luces, negativo. Los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, están siendo vulnerados flagrantemente no solo por las condiciones de acogida que están enfrentando, sino por la ausencia de garantías que padecen en la tramitación de sus solicitudes. Tenemos una autoridad actuando de manera automática, mostrando nula sensibilidad ni compromiso con la protección y garantía de Derechos Humanos: hay una mayor preocupación por la seguridad, entendiéndola como orden y paz pública, que no por un amplio sentido de la seguridad humana, en la que se deben privilegiar la protección de las personas y sus derechos.

Protección de los Derechos Humanos en cualquier crisis migratoria

Desde USO, mostramos nuestra indignación ante los hechos que han ocurrido y siguen ocurriendo en Barajas. Frente a ellos, exigimos una actuación inmediata para la protección adecuada de las personas y sus derechos.

No es posible que las instituciones responsables de atender esta contingencia se olviden de los Derechos Humanos. En situaciones como esta, se puede comprobar si realmente existe ese compromiso institucional. Por desgracia, parece que, en materia migratoria en España, dicho compromiso deja mucho que desear.

Esperamos que se tomen medidas urgentes y se haga una valoración pormenorizada de las situaciones que atraviesa cada una de las personas solicitantes de asilo. Debemos recordar que no están en esta situación por elección, sino que se ven obligadas a dejar su lugar de origen por causas ajenas a su voluntad. Y, lejos de encontrarse un camino de rosas, enfrentan trabas burocráticas que se suman al ya de por sí penoso desarraigo.

Asimismo, recordamos al Gobierno la necesidad de reforzar con medios humanos y presupuestarios la recepción de inmigrantes en Canarias. Una situación que lleva meses tensionando la capacidad de acogida de las islas y la propia seguridad de quienes tocan tierra en Canarias.