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La plataforma Justicia para Todos se ha reunido recientemente para, ante el nombramiento del nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, solicitar al Gobierno la puesta en marcha de una serie de medidas y actuaciones que considera necesarias para defender los bienes y servicios básicos, el Estado de bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía en materia de justicia.

Por ello, la plataforma Justicia para Todos, por petición de la Unión Sindical Obrera y del Consejo General de la Abogacía Española, ha acordado remitirle un documento al nuevo Ministro en el que se le comunican aquellas leyes, unas en en trámite y otras efectivas, que han de ser retiradas o negociadas por su nefasta incidencia en la ciudadanía, entre ellas, la Ley de Tasas, la Agilización de los Procedimientos,  los Registros Civiles…), solicitándole de igual forma una reunión para abordar estos asuntos.

Desde USO, y en concreto desde el sector de Justicia, se ha insistido en el ámbito del personal al servicio de la Administración de Justicia, la supresión de cualquier imposición de movilidad, tanto funcional como geográfica; el mantenimiento de los actuales Centros de Destino, y la exigencia de que todos los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia cuenten con los mismos derechos, así como la recuperación de todos los derechos laborales y retributivos eliminados durante estos años.

Con relación a la decisión del Gobierno sobre los Registros Civiles, USO aboga porque el Registro Civil continúe siendo un servicio público y atendido por el personal de la Administración de Justicia. La decisión del Ministerio de Justicia de que va a gestionarse por los registradores mercantiles tiene también la absoluta disconformidad de los propios registradores.

Por otro lado, USO ha mostrado su rechazo a la anunciada supresión de los Juzgados de Paz, unida al intento de privatización de este fundamental servicio público, que provocará para la ciudadanía una pérdida de derechos y el alejamiento de un servicio de proximidad especialmente valorado por la población, de manera aún más especial para los cientos de miles de personas que viven alejadas de los grandes núcleos urbanos. Para USO, debe garantizarse el mantenimiento de una Administración de Justicia, como servicio público primordial, de proximidad y cercanía al ciudadano.