Internacional

Las organizaciones sindicales firmantes, participantes en la 39ª Conferencia de Coordinación y Solidaridad con el Pueblo Saharaui, reunida en Madrid, durante los días 14 y 15 de noviembre, hacemos pública nuestra posición y denuncia ante la situación en el Sahara Occidental.

Las organizaciones sindicales presentes acompañan desde hace muchos años la difícil situación del pueblo saharaui a través de múltiples presencias, visitas y misiones sindicales y humanitarias a los territorios ocupados y a los campamentos de refugiados. Iniciativas que han permitido constatar la flagrante ilegalidad de la ocupación marroquí, así como las consecuencias dramáticas de esta ocupación en las condiciones de vida, trabajo y salud de la población saharaui.

Por todo lo anterior, los sindicatos firmantes:

1) Nos solidarizamos con la justa lucha del Pueblo Saharaui por sus derechos sociales y políticos, su libertad y autodeterminación, y apoyamos la intifada pacífica que vienen llevando a cabo en la defensa de los mismos.

2) Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con los trabajadores y trabajadoras saharauis en los territorios ocupados y denunciamos la política marroquí de discriminación de los mismos (contra los despidos, por la igualdad y no discriminación en el trabajo, defendemos todas las libertades sindicales, incluidos el derecho a la huelga y a la asociación, y el derecho a la jubilación, etc.). Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con los ex-trabajadores de Fos Bou-Craa y otros y sus justas demandas y reivindicaciones, lucha en la que vienen siendo acompañados por las organizaciones sindicales saharauis.

3) Denunciamos la violación sistemática de los más elementales derechos humanos por parte del Reino de Marruecos y el asedio y represión sobre casas de saharauis llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad marroquíes. Exigimos la libertad de los presos políticos saharauis y rechazamos las durísimas penas (cadenas perpetuas, etc.) impuestas a 25 saharauis, varios de ellos sindicalistas, por un Tribunal Militar marroquí en febrero del año pasado por haber participado en el campamento de Gdeim Izik del que estos días conmemoramos su cuarto aniversario. Estas durísimas penas suponen un nuevo atentado contra el pueblo saharaui por parte del régimen marroquí.

4) Condenamos la muerte del preso político saharaui Hassana Luali, defensor de los Derechos Humanos, condenado a tres años de cárcel en ausencia de mínimas garantías durante el juicio, que murió el 28 de septiembre por las extremadamente malas condiciones carcelarias y la falta de atención sanitaria. Exigimos una investigación urgente e independiente que esclarezca los hechos, y condene y castigue a los responsables. En el mismo sentido, seguimos exigiendo responsabilidades por el asesinato del joven Said Dambar, ya que cuatro años después la administración marroquí sigue sin juzgar y castigar a los culpables. Exigimos el fin de la impunidad ante estos y otros crímenes cometidos.

5) Denunciamos la expoliación de los recursos naturales del pueblo saharaui. Exigimos a la Unión Europea que no se renueven ni firmen acuerdos comerciales (pesqueros, agrícolas y otros) con el reino de Marruecos que suponen la expoliación de los recursos naturales del Sahara Occidental a cuya población únicamente pertenecen, que cese en la consideración como socio preferente al Reino de Marruecos y condicione cualquier tipo de acuerdo a la observancia de los derechos humanos, al cumplimiento de las resoluciones de la ONU y a la legalidad internacional.

6) Denunciamos la existencia del muro de la vergüenza construido por Marruecos que divide al Sahara Occidental, con más de siete millones de minas, y exigimos su destrucción.

7) Condenamos la actuación del Reino de Marruecos y sus fuerzas de ocupación, que responden con la represión y la fuerza a las manifestaciones pacíficas del Pueblo Saharaui.

8) Exigimos que las autoridades marroquíes abran las fronteras de los territorios ocupados para permitir la libre entrada y circulación de todos los sindicalistas, periodistas, observadores y organizaciones internacionales, para que puedan tomar contacto directo con una realidad aún desconocida para muchos, especialmente la violación de los más elementales derechos humanos.

9) Denunciamos la complicidad de los gobiernos europeos y parte de la comunidad internacional por su inhibición ante el gobierno marroquí que se niega a aplicar las resoluciones de Naciones Unidas.

10) Exigimos al Gobierno Español que asuma sus responsabilidades, derivadas de la legislación internacional al ser la potencia administradora del Sahara Occidental en este proceso de descolonización inconclusa, y que exija al Reino de Marruecos el cese de las hostilidades contra la población saharaui, el cumplimiento de la legalidad internacional y de las Resoluciones de Naciones Unidas.

11) Exigimos que la misión de Naciones Unidas para el Sahara Occidental (MINURSO) asuma entre sus funciones la vigilancia del respeto a los derechos humanos en todo el territorio del Sahara Occidental, incluida la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho a manifestarse pacíficamente.

12) Exigimos de las Naciones Unidas la puesta en práctica inmediata de las medidas necesarias para que el Pueblo Saharaui pueda expresarse libremente en un referéndum de autodeterminación sistemáticamente bloqueado por Marruecos.

ACORDAMOS Y NOS COMPROMETEMOS:

1) Hacer llegar esta Resolución a los diferentes Grupos del Parlamento Europeo para que rechacen y no se suscriban nuevos acuerdos comerciales de pesca, agrícolas u otros de la UE con Marruecos sobre territorios o aguas ocupados ilegalmente, y para que la Unión Europea se comprometa en la búsqueda de la solución del conflicto del Sahara Occidental de acuerdo a las Resoluciones de Naciones Unidas y conforme a la legalidad internacional.

2) Hacer llegar esta Resolución a la CES para que tome posición en favor de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y el pueblo saharaui y en contra de los acuerdos comerciales, de pesca, agrícolas u otros de la UE con Marruecos sobre territorios o aguas que no le pertenecen y que informen y sensibilicen sobre este problema en su ámbito de actuación.

3) Denunciar públicamente a las empresas, como Kosmos Energy, Cairn Energy y otras, que en contra de las resoluciones de Naciones Unidas explotan los recursos naturales saharauis y cualquier otra que los intente explotar. Hacer llegar esta Resolución al Consejo Consultivo Sindical (TUAC) para que se cumplan las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales.

4) Fomentar el envío de delegaciones sindicales e impulsar la decisión tomada hace varios años por parte de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y reiterada en el 3º Congreso de CSI, celebrado en Berlín en mayo de 2014, de organizar el envío de una misión sindical al Sahara Occidental, tanto a los campamentos como a los territorios ocupados.

5) Organizar y participar en la 7ª Conferencia Sindical de Solidaridad con los trabajadores y trabajadoras Saharauis en el año 2015, tal como se acordó en la 6ª Conferencia celebrada en el marco del 7º Congreso de la UGTSARIO en octubre de 2012.

6) Favorecer la presencia de la organización sindical UGTSARIO en las Conferencias, Encuentros y Congresos sindicales nacionales e internacionales y buscar una mayor sensibilización e implicación de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Confederación Sindical Internacional (CSI), Federación Sindical Mundial (FSM) y Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la defensa de las reivindicaciones relacionadas con el Sahara Occidental.

7) Fomentar la visibilidad de la causa saharaui en nuestras organizaciones, entre nuestros afiliados y afiliadas, y en nuestras sociedades, contribuyendo a la difusión de resoluciones, manifiestos, documentos, etc. Asimismo, plantear la defensa de los derechos humanos y de la causa saharaui en aquellos foros y encuentros que cuenten también con participación sindical.

8) Continuar trabajando en las reclamaciones de los derechos generados por los trabajadores y las trabajadoras en las empresas españolas durante el período de la colonia y reclamar el cumplimiento de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, que en su Disposición adicional cuadragésima segunda emplaza al Gobierno español a resolver esta cuestión mediante el preceptivo Informe, que en su contenido debe recoger evaluación de los costes, la fórmula de articulación y los plazos de pago, así es como las personas trabajadoras afectadas.