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Alquileres elevados, precariedad laboral y falta de vivienda protegida dificultan la emancipación de los jóvenes y el acceso a una vivienda para miles de familias en España

Las dificultades existentes para el acceso a la vivienda van en aumento. Al encarecimiento del alquiler, el crecimiento desorbitado de los precios de compraventa, la precariedad laboral y la falta de vivienda protegida se suma un crecimiento de la población que conlleva una mayor demanda.

Desde USO exigimos que la vivienda sea un derecho prioritario. Es urgente que se regulen los topes del alquiler y se garantice su acceso a toda la población. También es inaceptable que en España haya tantas casas vacías y personas sin un techo en el que vivir. Para ello, es imprescindible garantizar unas buenas condiciones laborales que permitan a los trabajadores vivir dignamente. Por eso, tenemos que frenar la precarización y no dar ni un paso atrás en materia de derechos sociales.

7,5 años de salario bruto se destinan a la vivienda

La vivienda es una de las principales partidas de gastos familiares. Esta situación se agrava mucho más en las familias con menos recursos, ya que dirigen la mayor parte de sus ingresos a cubrir las necesidades básicas como la alimentación y la vivienda.

En este contexto, sigue aumentando el esfuerzo de gasto destinado a la vivienda. De hecho, la relación entre el precio de la vivienda y la renta de los hogares pasó de 6,8 años de salario bruto en 2022 a 7,5 años en 2023. Todo ello ha provocado una caída de la compraventa y una subida de precios. Por eso, las transacciones son hasta cuatro veces superiores de vivienda usada que de nueva.

A pesar de la ligera mejora del empleo y de la renta en los últimos años no se ha aliviado la vulnerabilidad de los hogares. De hecho, en realidad, hay más dificultades para hacer frente a este incremento del coste de la vida por la inflación. Así, el grupo de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social con situación de carencia material severa, alcanza un 26,9 %. Y también existe una mayor pobreza energética: el 21 % de los hogares no pueden tener sus viviendas a una temperatura adecuada en el invierno. De ellos, el 9,3 % tiene dificultades severas para llegar a fin de mes aumentando en casi un 2 % con respecto a 2019 (7,4 %). Además, hay menos casas que pueden comer carne o pescado dos veces por semana. Ahora afecta a un 6,7 % de ellas, es decir, un 3 % más que en 2019.

Estas situaciones se acrecientan en los hogares con menores a su cargo y, sobre todo, en los monoparentales (21 %), en su mayoría encabezados por mujeres.

Retraso en la emancipación de los jóvenes

Las complicaciones de acceso a la vivienda contribuyen al retraso en la emancipación de los jóvenes. En España, se produce mucho más tarde que en la mayoría de los países de la UE, donde la media se sitúa en los 26,4 años, mientras que en España está por encima de los 30.

Y en ello incide la situación laboral de una persona joven, con trabajos inestables, destinando casi todo su salario a la vivienda, casi siempre en alquiler. Así que en estas condiciones de poco sirve el significativo descenso en los últimos años de la tasa de paro juvenil. Si miramos las hipotecas, están algo más accesibles para un joven, pero la entrada que hay que dar supone el equivalente a cuatro años y medio de su salario de media.

Por esta razón, el alquiler es la opción mayoritaria para las personas jóvenes emancipadas. Pero no les queda otra que compartir vivienda si quieren volar del nido familiar.

La vivienda protegida, una posible solución

Una solución al problema de la vivienda en España sería apostar por la vivienda protegida. De esta forma, se podría hacer efectivo el derecho al acceso a una vivienda digna. Sin embargo, el parque de viviendas protegidas sigue siendo escaso. Y, además, su construcción no consigue despegar.

En el tercer trimestre de 2023, el número de viviendas protegidas con calificación definitiva estaba por encima de las 1.800. Pero está muy lejos de las casi 20.000 viviendas libres terminadas en ese mismo trimestre. Los datos reflejan la insuficiencia de las políticas actuales para satisfacer la demanda.

Según el Gobierno, en España, hay un parque de vivienda social de 290.000. De las que 180.000 son de las comunidades autónomas y entidades dependientes. El resto, de ayuntamientos y corporaciones subordinadas. El problema radica en que solamente se ofrece una cobertura del 2,5 % del total. Estas cifras están muy alejadas de la media de la Unión Europea que está en el 9,4 %.

Países Bajos con un 30 %, Austria con un 24 %, Suecia con un 20,9 % o el Reino Unido con un 19,  están muy por encima de España en cuanto a vivienda social. Pero también es que nuestro país está entre los que menos vivienda social cubre. A pesar de que se han llevado a cabo planes para el fomento de la vivienda social, se están mostrando totalmente insuficientes.

Medidas urgentes y afectivas para garantizar el derecho a vivienda

La conclusión en materia de vivienda es alarmante. Se hace mal uso de ellas; la acumulación y especulación con el precio del alquiler nos han dejado en el punto en el que nos encontramos hoy; hay muchas familias ahogadas por los ingresos que destinan a vivienda; los jóvenes se ven obligados a vivir en el hogar familiar o a compartir piso porque porque de otra forma no pueden hacerlo.

Desde USO exigimos medidas urgentes y efectivas para garantizar el derecho humano a una vivienda digna. Las que se han tomado desde el Gobierno hasta la fecha resultan inoperantes y no han impactado en la mejora en el acceso a la vivienda. Además, necesitamos que sean certeras, con perspectiva de género y enfoque social para frenar estas tendencias antes de que el riesgo de pobreza y la exclusión social sigan en aumento.