USO denuncia este intento de desregulación que pone en riesgo derechos laborales y ambientales en Europa
El próximo 1 de abril, el Parlamento Europeo podría llevar a cabo por adelantado la votación de la propuesta “Ómnibus I”, impulsada por la Comisión Europea, en un intento apresurado y sin precedentes que ha encendido las alarmas del movimiento sindical europeo.
Esta aceleración del proceso legislativo impide un debate riguroso y democrático sobre una iniciativa que pone en riesgo derechos laborales fundamentales, debilita la responsabilidad empresarial y atenta contra los principios de transparencia y sostenibilidad que la propia UE dice defender.
Propuesta Ómnibus I, retroceso de la Europa social
La Secretaría de Internacional y Desarrollo Sostenible de USO se suma a la denuncia realizada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y otras federaciones sindicales europeas frente a la llamada “propuesta Ómnibus I”, impulsada por la Comisión Europea.
El Parlamento Europeo tiene la responsabilidad histórica de frenar este retroceso y defender la Europa social, democrática y sostenible que la ciudadanía reclama. Está en juego la credibilidad de la Unión Europea como líder mundial en derechos humanos, sostenibilidad y condiciones laborales dignas.
Esta iniciativa, tramitada con opacidad, sin evaluación de impacto ni participación sindical, constituye un ataque directo a los derechos laborales, la responsabilidad empresarial y la protección ambiental en Europa.
El paquete legislativo pretende debilitar seriamente la Directiva sobre diligencia debida en sostenibilidad empresarial (CS3D) y la Directiva sobre informes de sostenibilidad (CSRD), pilares fundamentales para garantizar que las empresas europeas actúen con responsabilidad en toda su cadena de valor.
Desde USO, apoyamos firmemente la exigencia sindical europea de retirar de inmediato esta propuesta y abrir un proceso participativo, transparente y riguroso para cualquier intento de revisión legislativa.
Un proceso antidemocrático al servicio de los lobbies empresariales
La propuesta se ha elaborado de espaldas al diálogo social, favoreciendo desproporcionadamente a los intereses empresariales. Mientras, los sindicatos y la sociedad civil han sido marginados. Denunciamos la falta de transparencia, el adelanto de plazos de votación y la ausencia total de garantías democráticas en su tramitación.
Con el pretexto de la “simplificación administrativa”, la Comisión propone:
- eliminar responsabilidades legales,
- retrasar la aplicación de normativas ya aprobadas,
- reducir las obligaciones de diligencia debida únicamente a los socios comerciales directos, y
- suprimir sanciones mínimas comunes.
Todo ello abre la puerta a una “carrera a la baja” entre Estados miembros y a una impunidad preocupante para las multinacionales.
Un retroceso para los trabajadores, el medio ambiente y la justicia social
Este paquete, de aprobarse, permitiría a las empresas seguir vulnerando derechos laborales y sindicales, deteriorar el medio ambiente y operar sin consecuencias en sus cadenas de suministro.
Además, se silenciaría aún más a las organizaciones sindicales, ONG y comunidades afectadas, reduciendo su capacidad de influencia en los procesos de diligencia debida.
Desde USO exigimos a los eurodiputados españoles que voten en contra de la propuesta Ómnibus I, que defiendan la plena aplicación de la CS3D sin recortes, y que garanticen que los derechos laborales, sociales y ambientales no se negocian. ¡La desregulación no es el camino!
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