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Con relación al reciente acuerdo alcanzado el 14 de junio entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento europeos para establecer un nuevo reglamento regulador de las energías renovables para el año 2030, USO muestra su satisfacción por algunos avances significativos conseguidos en la propuesta pactada.

Entre los datos positivos, aunque se trate de una meta tímida y del todo insuficiente, se encuentra el establecimiento de una cifra del 32% en el mix energético como objetivo global vinculante para las energías renovables, y la posibilidad de incrementar esta meta a partir del año 2023. En este sentido, USO recuerda sus demandas de una apuesta ambiciosa para el desarrollo sostenible que incluya un proceso ágil de protección del planeta compatible con el Acuerdo de París y que, al tiempo, esté debidamente acompañado de medidas de transición justa para la readaptación del empleo en el sector de la energía.

Desde USO celebramos y recibimos con optimismo el nuevo proyecto de reglamento pero queremos recordar que una medida de este calado debe hacerse de forma progresiva y considerando todos los factores que entran en juego. Con ello, reclamamos potenciar la implantación de energías renovables que permitan una sustitución ordenada de aquellas otras fuentes de energía más nocivas para el medio ambiente, diseñando e implantando alternativas para el empleo de los trabajadores y trabajadoras de los sectores más contaminantes.

En este sentido, debemos dejar patente nuestra preocupación por el desmantelamiento del sector minero en nuestro país y cómo se deben restructurar las cuencas mineras, así como del sector electro intensivo que depende en gran medida del primero. Al mismo tiempo, las energías renovables no gestionables necesitarán tecnologías de respaldo que no pueden verse minusvaloradas, lo cual puede empujar a una posible subida del precio de la luz a medio plazo para los ciudadanos. Ante este eventual fenómeno, los ciudadanos de rentas más débiles debieran gozar de especial protección para eliminar el fenómeno de la pobreza energética.

Por último, en opinión de USO resulta especialmente afortunado que el proyecto de reglamento incorpore por fin el derecho de cualquier persona o comunidad a la producción, venta, consumo y almacenamiento de energía renovable, evitando la penalización que en muchos países, como en el nuestro, se venía imponiendo en forma de impuestos -como con el llamado popularmente “impuesto al sol”- y con la aplicación de otras trabas administrativas y limitaciones normativas.