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La Plataforma por las Empresas Responsables lanza la campaña “Apoya una Ley Made in Spain” para reclamar al Gobierno una ley de debida diligencia

Las 15 organizaciones que integran la Plataforma por las Empresas Responsables (PER), en la que USO es el único sindicato, han presentado una campaña de recogida de firmas para reclamar una ley sobre debida diligencia empresarial.

Con la campaña “Apoya una Ley Made in Spain”, la PER solicita la aprobación de una ley que proteja los derechos de las personas y el medio ambiente y que garantice justicia frente a las empresas que cometen abusos.

Las empresas operan en todo el mundo y existen países en los que las leyes permiten que estas no asuman su responsabilidad e impiden que las personas afectadas accedan a justicia y se reparen los daños. Para que las empresas sean responsables se necesita una Ley Made in Spain, una ley de debida diligencia hecha en España que beneficie a ciudadanos, consumidores, empresas y al país.

Una ley que garantice justicia

Para evitar que las empresas cometan injusticias, independientemente de donde operen, necesitamos una ley de debida diligencia empresarial que:

  • Obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y el medioambiente. Deberán desarrollar y llevar a la práctica planes de debida diligencia: identificar, prevenir, mitigar, rendir cuentas y responder por los impactos negativos, reales o potenciales, de sus actividades. Esto incluye toda su cadena de valor: filiales, subcontratistas, proveedores y otras relaciones económicas, dentro de nuestras fronteras o en terceros países.
  • Exija responsabilidades a las empresas. La ley debe contemplar un sistema disuasorio de infracciones y sanciones en caso de incumplimiento total o parcial de la obligación.
  • Facilite el acceso a la justicia y reparación a las personas afectadas. Las personas deben poder buscar justicia si una actividad empresarial vulnera sus derechos humanos o daña el medio ambiente local.
  • Contemple la perspectiva de género. La perspectiva de género debe aplicar a todas las empresas y abarcar toda su cadena de valor. Las mujeres y las niñas sufren los efectos adversos de las actividades empresariales de manera diferente y desproporcionada.
  • Designe una autoridad pública independiente que vele por el cumplimiento de la ley, que rinda cuentas y esté dotada de suficientes recursos financieros y personal.
  • Obligue a mayores marcos de transparencia. Las empresas deberán publicar un informe anual con sus planes de debida diligencia, su seguimiento y resultado.